Pobladores de tres municipios temen que el proyecto sea un atentado a la naturaleza y perjudique el abasto de agua; no han sido consultados pese a ser una obligación por ley. 1 de 2 partes
Por Mario Galeana/Enviado
Zoquitlán.- El cielo apenas clareaba, pero los animales ya gruñían desde sus chiqueros; las gallinas revolvían la tierra y los perros ladraban meneando la cola. Hacía rato que Herlindo García Montalvo había abierto los ojos, se había puesto las botas negras, llenas como siempre de fango, y había caminado hasta su milpa para estimar el tiempo de cosecha. Falta poco, pensó.
Era una calurosa mañana de marzo de este año. La gente de Pozotitla, una localidad en el municipio de Zoquitlán, alimentaba a sus animales, ponía sobre el comal las tortillas para el desayuno. Para cuando Herlindo volvió a casa, le dijeron que su hija lo había estado llamando desde Tehuacán, una ciudad a unas cinco horas en el transporte de la Sierra Negra, que vibra y resuena a cada metro que recorre.
Herlindo subió hasta la única casa del pueblo con teléfono, a través de un terreno escarpado, fangoso, porque en la comunidad no hay calles, sino acaso senderos zigzagueantes, cubiertos de un lodo macilento, anaranjado, donde hay que adherir los pies firmemente a las piedras, para evitar resbalarse. Y el teléfono es, incluso, insuficiente. En tiempos de lluvia, la señal está muerta.
—¿Ya escuchaste lo que andan diciendo del pueblo?
—¿Qué andan diciendo? —preguntó Herlindo, pasándose la mano por el bigote.
—Dicen que van a construir una presa… una hidroeléctrica. Lo leí en el periódico, papá. ¿Tú has visto algo?
Herlindo no respondió. Pero todo cobró sentido a partir de entonces: los ingenieros que medían sus terrenos cuatro años atrás, o los de la gente de Comecatitla y Coyolapa, en el mismo Zoquitlán. Los rumores. Los rumores que corren por la Sierra Negra de la misma forma en que circulaban las historias de los abuelos sobre espíritus fantásticos que habitan la selva.
Herlindo no lo sabía, pero ese mismo mes, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de manera condicionada a las empresas Proyectos Hidroeléctricos de Puebla y Compañía Hidroeléctrica de Puebla, dependientes de Grupo Ferrominero México y la Compañía Minera Autlán, ubicada en Teziutlán, la construcción de un proyecto denominado Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan.
Es un ambicioso plan que busca la explotación por 30 o más años de las aguas de tres ríos: el Coyolapa, el Huitzilat y el Atzalan, que corren por los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz, y después hacia Veracruz, como venas verdosas que alimentan los cultivos y la memoria de sus habitantes.
Desde aquella mañana de marzo, Herlindo no es el mismo. En su comunidad, y en otras de Zoquitlán y Tlacotepec de Porfirio Díaz, ha surgido un movimiento de resistencia indígena a lo desconocido.
Desconocido, porque hay temor sobre los efectos que la hidroeléctrica generará a largo plazo. Herlindo dice, a cinco meses de aquella mañana, que la lucha no es por ellos. Es por sus hijos. Por su territorio. Por la tierra que heredarán.
“Nosotros vivimos de esto –dice mientras extiende los brazos, como si pudiera asir entre ellos la Sierra Negra entera–: de la naturaleza, de los ríos. Si nos los quitan, vamos a morir”.
Los hombres extraños
Los vieron. Medían aquí, allá, luego bajaban al río y volvían a medir, luego subían al centro de Pozotitla y lo hacían de nuevo. Era el año 2012. Lo mismo ocurría en comunidades de Zoquitlán como Coyolapa, o en la cabecera municipal de Tlacotepec.
César García Jiménez, regidor auxiliar de Obras Públicas de Pozotitla, y otra gente del pueblo, los encararon. “¿Para qué tantas mediciones?”, preguntaron a los hombres de camisas bordadas con un logo que no conocían hasta entonces: las siglas de Grupo Ferrominero de México, un emporio dedicado a la extracción de minas y, ahora, a la proyección de hidroeléctricas.
“Nada, nada. Sólo andamos midiendo unos puntos. No es para nada”, les contestaron.
Pero definitivamente era para algo. Tres años después, los ingenieros volvieron. Contrataron a un trío de personas de la comunidad y recorrieron cada ápice de Pozotitla. Sus trazos pasaron encima del pequeño altar del pueblo, de la inspectoría auxiliar, de los terrenos de Herlindo, de los terrenos de casi todos. A la par, intentaban convencer a algunas personas de vender su tierra.
Algo ocurría. El presidente de Zoquitlán, Fermín González León, supo de la presencia de los ingenieros hasta entonces. “¿Saben quiénes son esos?”, les preguntó a César y a otros pobladores de Pozotitla. “Son ingenieros. Es lo único que sabemos”, le contestaron.
González León dio media vuelta con una advertencia: “Sean quienes sean, los vamos a correr”.
Pero la advertencia fue vana. Para los primeros meses de 2016, el alcalde de Zoquitlán trabajaba codo a codo con los ingenieros. Él mismo los guiaba hasta los propietarios de los terrenos por donde corrían los trazos de la obra, para intentar persuadirlos sobre su venta. No se sabe por cuánto.
El 2 de abril de este año, Fermín González León concertó, en una comunidad de nombre Comecatitla, una reunión entre representantes de la empresa y pobladores.
“Si se hace la hidroeléctrica, nos van a dar empleos. La gente de aquí, de la empresa, nos dice que son ¡600 empleos!”, lanzó el alcalde a unas 100 personas. Entre ellas, estaba Herlindo García, quien no creía una sola de las promesas.
“Por las noticias ya sabíamos que la empresa necesitaba un terreno de 400 hectáreas en tres municipios, y nosotros nos preguntábamos dónde estaba ese terreno, o qué iban a hacer para conseguirlo”.
“La primera vez que vinieron nos dijeron que habría mucho empleo y que no afectaría nada. Pero no nos dijeron nada de las hectáreas”, dice Herlindo.
De acuerdo con la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, las obras por el Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan requieren la utilización total de 414 mil 862 metros cuadrados o 41.48 hectáreas.
Pero el riesgo de impacto ambiental se multiplica por 10: unas 400 hectáreas a la redonda podrían sufrir afectaciones con su instalación.
De las 41.48 hectáreas que la empresa requiere, más del 84% son utilizadas por los pobladores de la Sierra Negra para sembrar maíz, frijol, caña, café, plátano, sandías. El cultivo es, mayoritariamente, dedicado al autoconsumo.
Carnitas, cervezas, amenazas y promesas
Aquella primera reunión entre la empresa y los habitantes de la Sierra Negra fue extraña. Los representantes del consorcio minero terminaron su exposición y, poco más tarde, un festín de carnitas, chicharrón y cervezas fue repartido entre la gente que aceptó la comida y el trago.
Como si intentaran seducir a los pobladores a base de cebada y puerco, los representantes de la minera repitieron la táctica el 6 de julio, en la comunidad de Pozotitla. Esta vez llevaron consigo una maqueta del proyecto, que permanece ahí desde entonces, e historias de éxito.
Consigo llevaron también a un hombre de Teziutlán, que dijo ser ingeniero y que no mucho antes, les narró, era campesino. Como ellos. “¡Mírenme! Les puede ir muy bien a ustedes también”, les dijo. En la comunidad, que se ha convertido en pilar del movimiento opositor a la hidroeléctrica, sólo hubo ceños fruncidos.
“Yo no quiero el trabajo. El trabajo es para un rato. El dinero no nos sirve. Lo que queremos es paz. Es todo. Paz y nuestra tierra”, dice Donato Sánchez Sánchez.
Donato es habitante de Oztopulco, una comunidad ubicada a una media hora de Pozotitla, en un camino por donde las llantas de las pocas camionetas que circulan por él libran voladeros sin fin y maleza. Como casi todo el resto de los caminos de la Sierra Negra.
En Oztopulco, la gente se prepara para hacer faena en beneficio de la escuela. Hay una asamblea informativa programada para las 12 horas, aunque se ha retrasado a causa de la lluvia. Pero el fin de agosto se acerca.
Cuando Herlindo y otros pobladores de Pozotitla y Tlacotepec de Porfirio Díaz supieron la noticia de la construcción de la hidroeléctrica, buscaron a la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, presidida por el activista Martín Barrios.
Desde los primeros meses de este año, juntos recorren las comunidades afectadas para dar a conocer los posibles efectos negativos de la obra.
El pasado 5 de julio, el inspector auxiliar de Coyolapa, Isaías Montalvo, convocó a una reunión informativa para que los opositores al proyecto explicaran cuáles serían, a su parecer, las consecuencias de la hidroeléctrica.
Hasta el lugar llegó Fermín González León, acusando a los pobladores de Pozotitla y al activista Martín Barrios de “envenenar” y “dividir” a la gente de su municipio.
“Ustedes están bien jodidos. Yo, gracias a Dios, estoy en otro nivel. Por eso digo que hay que tomar las migajas que nos dé la empresa”, les dijo. Un grupo de mujeres adultas plantó cara al edil: “Nosotros no queremos empleo. Y tú bájale, cabrón, que eres igual que nosotros”, le dijeron.
González León se convirtió en presidente municipal de Zoquitlán en 2014, por las siglas del PRD. Antes, según pobladores de Zoquitlán, fue migrante y camionero. Su administración municipal ha sido criticada ampliamente por presuntos actos de enriquecimiento ilícito y corrupción.
Una radio comunitaria que opera en aquel municipio, llamada Radio Tlacuache 104 FM, fustiga a diario contra el edil y, quien platique con los pobladores, podría afirmar que el ánimo social de Zoquitlán no es distinto.
De los tres ediles que gobiernan los municipios con incidencia en el complejo hidroeléctrico proyectado por GFM y la Compañía Minera Autlán, sólo González León ha aceptado la viabilidad del proyecto, aunque aún no ha otorgado ninguna clase de permiso de uso de suelo, según la Semarnat.
El proceso, reconoce la misma Secretaría federal, puede haber estado viciado desde un principio, ante la falta de consulta de los pobladores. Con la llegada de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, y de otras organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), sin embargo, en las comunidades parece haber un despertar sobre el reconocimiento pleno de los derechos indígenas, el territorio y la consulta.
Casi todos los opositores oriundos de la Sierra Negra citan ahora, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el artículo 2 de la Constitución mexicana, que versan, ambos, sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ante cualquier obra carretera, hidráulica o proyecto de infraestructura que impacte en sus comunidades.
“Hace poco leía la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, y está bien claro; todo uso de recurso natural debe ser consultado en los pueblos antes que echar a andar cualquier proyecto”, sostiene Modesto Castro Montalvo, un comerciante de Tlacotepec de Porfirio Díaz.
Y, a partir de ello, González León ha optado por presionar a las autoridades auxiliares para evitar la realización de reuniones informativas de las comunidades en resistencia.
Bajo el anonimato, inspectores auxiliares de Zoquitlán confirmaron a esta casa editorial ser amenazados con el despojo de sus tierras en caso de impulsar reuniones de información en contra del emporio minero.
“El presidente Fermín tiene un poder muy fuerte en algunas comunidades. Sobre todo en Coyolapa, porque de ahí es originario. Ya nos están pidiendo que no volvamos a hacer asambleas. Lo que nos dicen es que, si impedimos la hidroeléctrica, vamos a tener problemas con nuestros terrenos. Nos quieren sacar, pues”, declara uno de ellos.
