Por Mario Galeana 

La transparencia no ha permeado las finanzas del Congreso local ni de los diputados que lo integran.

Un informe elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitivdad (Imco) reprueba el nivel de transparencia legislativa del Congreso; además, ninguno de sus 41 diputados locales ha hecho públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

Plurinominal o electo, de izquierda o de derecha, no hay un solo legislador local que haya presentado públicamente su 3de3, como se denomina a la triada de declaraciones impulsada por organizaciones civiles con la cual se busca combatir la corrupción al identificar el incremento irregular en el patrimonio de los servidores públicos.

Ni siquiera los integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, presidida por Marco Antonio Rodríguez, han presentado sus declaraciones.

De acuerdo con la organización Borde Político, sólo 74 de mil 125 diputados locales de México han presentado su declaración 3de3.

A partir del próximo año, los servidores públicos deberán ser exhortados a presentar sus declaraciones patrimoniales, siempre que éstas no representen una posible afectación a “la vida privada”, según lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aprobada por el Senado en junio pasado.

Esta condición impuesta a la iniciativa original presentada por las organizaciones civiles fue propuesto por las bancadas del PRI y el Verde Ecologista de México en el Senado.

Finanzas legislativas, en total opacidad

A la par, el Imco otorgó una puntuación de 27% a la transparencia de las finanzas del Legislativo poblano, una evaluación por debajo de la media nacional, que es de 31%.

En su Informe Legislativo 2016, el Imco resalta que el Congreso de Puebla no publica su información programática ni el presupuesto ciudadano disponible, parte de las obligaciones de contabilidad.

El organismo colocó al Congreso de Tamaulipas, con un cumplimiento de 71%, como el Poder Legislativo estatal con mayor transparencia, seguido por los de Baja California y Coahuila, con una puntuación del 65%.

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