Desde hace tres años se realiza trabajo de exploración en tres municipios, pese a que los pobladores han manifestado su rechazo por la instalación de la planta
Por Mario Galeana
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debió consultar a la población indígena de los municipios de Zoquitlán, San Sebastián Tlacotepec y Coyomeapan, antes de aprobar la instalación de una hidroeléctrica que podría explotar tres ríos de la Sierra Negra por 30 o más años, reconoció el delegado en Puebla de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Juan José Tapia González.
La consulta indígena, explicó el delegado federal, debió promoverse en la región desde 2012, cuando la empresa Autlán inició los trabajos de prospección para analizar la viabilidad de la hidroeléctrica, con la que busca generar energía para una mina siderúrgica ubicada en Teziutlán.
La consulta ciudadana, dijo en entrevista, resulta “fundamental y básica” para que la población de la Sierra Negra de Puebla posea información real sobre el impacto que tendría un proyecto de esa magnitud.
“Sin duda, la consulta es fundamental y básica. Es un derecho que las comunidades tienen a estar debidamente informadas. Muchas veces nos encontramos con situaciones donde a la gente se le hace llegar información que tergiversa lo que realmente provocaría la obra en cuestión”, consideró.
Pese a ello, la delegada en Puebla de la Semarnat, Daniela Migoya Mastretta, justificó el permiso ambiental que la secretaría otorgó a Autlán en marzo de este año, al asegurar que el trabajo de exploración que el emporio inició tres años atrás no suponía grandes afectaciones ambientales.
“Ellos pueden hacer las exploraciones apegándose a lo que dicen las normas. Nos presentan un informe preventivo donde nos dicen qué cosas harán y, con ello, se evalúa si habrá o no impactos significativos”, sostuvo en entrevista.
El delegado de la CDI consideró, sin embargo, que la misma Semarnat debió haber impulsado una consulta indígena entre las comunidades afectadas, a través de sus propias autoridades comunales.
“La responsabilidad recae en quien emite la autorización de una obra con estas características. Semarnat, en un estricto apego a su normatividad, tendría que haber solicitado la intervención de la CDI y de la Secretaría de Energía (Sener) para aplicar esta consulta”, reprochó Tapia González.
El mes pasado, el diputado federal Miguel Alva y Alva solicitó a la Semarnat retirar la autorización ambienal que otorgó a la empresa minera para la instalación del complejo hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, que prevé el uso de los ríos Coyolapa, Huitzilatl y Atzalan.
En un punto de acuerdo presentado ante la Cámara de Diputados, el legislador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) expuso que el complejo hidroeléctrico ocasionará “la pérdida de la flora, la vida silvestre y gran afectación a la agricultura, ganadería y pesca de más de 17 comunidades indígenas” de la Sierra Negra.
Alva y Alva aseguró que, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siempre que una obra impacte significativamente el territorio de poblaciones indígenas en el país, las comunidades afectadas deben ser informadas sobre los riesgos o beneficios del proyecto, y, sobre todo, deben ser consultadas.
Pobladores de la región y defensores de derechos humanos han alertado que Autlán ha intentado simular el aval de la población para la instalación del complejo hidroeléctrico, a través reuniones a las que sólo asisten trabajadores de los ayuntamientos de Zoquitlán y Tlacotepec.