Siete de los nueve grupos delictivos que operan a nivel nacional están asentados en estados vecinos, por lo que buscan evitar cualquier filtración, asentó el gobernador electo

 

Por Mario Galeana 

El gobernador electo José Antonio Gali Fayad dio a conocer que la próxima administración estatal busca, junto con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), prevenir que se filtren organizaciones criminales que operan en entidades que colindan con Puebla.

“Estamos conscientes de que las fronteras con otros estados presentan altos índices de violencia e intentan (las bandas criminales) infiltrarse al estado”, declaró.

Los departamentos de inteligencia policial le dan la razón. La entidad poblana está rodeada por la presencia de siete cárteles y 23 células criminales que operan en los estados circunvecinos de México, Guerrero, Oaxaca, Morelos y Veracruz, de acuerdo con una investigación realizada por 24 Horas Puebla.

 La Semar ha sido estratégica para abatir grupos delictivos en distintos puntos del país. / CUARTOSCURO
La Semar ha sido estratégica para abatir grupos delictivos en distintos puntos del país. / CUARTOSCURO

La Procuraduría General de la República (PGR) informó en marzo del año pasado que existen por lo menos nueve grupos delictivos en el país, y siete de ellos operan en los estados colindantes con Puebla.

Se trata del Cártel de los Beltrán Leyva, del Cártel de Sinaloa, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el Cártel del Pacífico.

Las siete organizaciones poseen células y las instituciones de seguridad, tanto mexicanas como internacionales, difieren sobre el total de subgrupos criminales. Por ejemplo, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) divide en por lo menos 23 células a los cárteles del Pacífico, de los Beltrán Leyva y de Los Zetas.

Ante ello, Gali Fayad dijo que las mesas de negociación con la Semar no buscan alertar, sino prevenir que “se filtren organizaciones como están en otros estados”.

El ex alcalde de la capital también reconoció que, por su cercanía con los límites del Estado y la Ciudad de México −que permite a los delincuentes una vía de escape, en colonias como Bosques de San Sebastián, Amalucan y Rivera Anaya− ha repuntado la incidencia delictiva.

Sin embargo, las células criminales podrían ya haber librado las fronteras del territorio poblano.

La PGR informó que en la entidad hay presencia del Cártel de los Beltrán Leyva, liderado por Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro; y la DEA añade a Puebla como suelo de operación de Los Zetas, cuyos líderes identificados por autoridades mexicanas son Maxiley Barahona Nadales El Contador y Román Ricardo Palomo Rincones El Coyote.

A principios de este año, las autoridades de Puebla señalaron como posibles responsables del robo de hidrocarburo a grupos del crimen organizado. De hecho, en un programa de televisión nacional, el fiscal General del estado, Víctor Carrancá Bourget, confirmó que Los Zetas eran responsables de la ordeña de ductos de Pemex.

Los Zetas, de acuerdo con la PGR, están integrados por nueve grupos criminales: Sangre Zeta, Grupo Operativo Zetas, Comando Zetas, Néctar Lima, Grupo Delta Zeta, Los Negros y Fuerzas Especiales Zetas, El Círculo y El Extranjero, así como Unidad Zetas. Se desconoce, sin embargo, cuántas de ellas podrían operar en la entidad poblana.

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A favor de que el SAT se sume a  la lucha 

Entrevistado ayer, al término del primer informe legislativo de Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, el próximo titular del Ejecutivo estatal avaló que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) audite a las gasolineras en el estado para detectar la posible venta de combustible robado a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Lo aplaudo. Aplaudo la coordinación entre órdenes federales para combatir frontalmente y sin temor el robo de combustible, que es un delito federal, pero en donde estamos sumando esfuerzos el estado y los municipios”, dijo.

Especificó que el robo de combustible no es privativo de la entidad, sino efecto del gasoducto de Pemex que cruza los estados de Veracruz, Estado de México y Querétaro, estados que –dijo– comparten la responsabilidad en el combate a este delito.

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