La Comisión Inspectora del Congreso decidió inhabilitar por 12 años al ex alcalde, además de sancionarlo con 25 mdp por irregularidades detectadas en 2013
Por Mario Galeana / Berenice Martínez
El último eslabón del Yunque en Puebla, Eduardo Rivera Pérez, podría haber caído.
Ayer, la Comisión Inspectora del Congreso del estado aprobó la inhabilitación del ex alcalde capitalino por un periodo de 12 años y le fincó una multa por 25 millones de pesos, de acuerdo con fuentes consultadas.
El castigo fue aprobado después de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectara originalmente un posible desfalco por 411 millones de pesos durante su tercer periodo como presidente municipal de Puebla, en 2013.
Con la sanción, Rivera Pérez quedaría imposibilitado para contender por cualquier cargo de elección popular en la jornada electoral del próximo año.
Sé xlos medios q la Comisión Inspectora me inhabilita. Vergonzoso!El proceso continúa ante la Justicia Federal.LA VERDAD ES LA MEJOR DEFENSA
— Eduardo Rivera Pérez (@eduardorivera01) 6 de abril de 2017
En una sesión privada realizada en la sede del órgano fiscalizador, los diputados locales José Germán García (Compromiso por Puebla), Sergio Moreno Valle (PAN), Jorge Aguilar Chedraui (PAN), Rosalío Zanatta Vidaurri (PRI), Mario Alberto Rincón González (PAN), Susana del Carmen Riestra Pila (Nueva Alianza) y Mariano Hernández Reyes (PT) aprobaron la sanción en contra del ex munícipe.
Se espera que este día la Comisión Permanente del Congreso del estado convoque a una sesión extraordinaria para que el viernes 7 de febrero el Pleno someta a votación la inhabilitación del promotor en Puebla de Yo con México, asociación con la que Margarita Zavala impulsa sus aspiraciones por conseguir la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en 2018.
Rivera Pérez, recientemente nombrado delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en el Estado de México, aún podría recurrir a los tribunales federales en caso de que los 41 congresistas locales avalen su inhabilitación.
Con la sanción, el último líder de El Yunque en Puebla perdería la posibilidad de contender por cualquier cargo de elección en la próxima jornada electoral que se llevará a cabo a mediados de 2018.
Historia de un proceso
La Auditoría analizó a lo largo de tres meses nueve toneladas de documentación que Eduardo Rivera Pérez presentó para solventar el inicio del procedimiento administrativo y de responsabilidades (IPADR) que el Congreso del estado aprobó en su contra, por unanimidad, el 15 de diciembre del año pasado.
Aquel día, la sanción fue impuesta por un posible desfalco de 411 millones de pesos. No obstante, hasta la semana pasada la cifra por irregularidades se redujo a 90 millones de pesos.
De acuerdo con fuentes dignas de crédito, el órgano fiscalizador detectó que, durante su tercer periodo de gobierno el ex presidente municipal otorgó diversos contratos a empresas fantasma ligadas a las familias tradicionales del PAN y de la Organización Nacional de El Yunque, convenios de donde presuntamente proviene el daño patrimonial.
Ayer, sin embargo, versiones periodísticas indicaban que su inhabilitación fue aprobada por un posible daño patrimonial de 12 millones de pesos y una multa por 13 millones de pesos más.
Aunque ningún integrante de la Comisión Inspectora del Poder Legislativo local quiso confirmar esta versión.
Desde mediados de diciembre, Rivera Pérez ha dicho que el procedimiento en su contra busca dejarlo “fuera de la jugada” en 2018.
Tras presentar nuevamente la documentación con la que intentó negar cualquier daño patrimonial en su gobierno (2011-2014), Rivera Pérez presentó una demanda de amparo el 14 de marzo pasado ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil.
Con el recurso, Rivera Pérez acusó un retraso en la resolución de su expediente, pues supuestamente la fecha para que la ASE emitiera un dictamen vencía el 6 de marzo.
Aseguró que, por la dilación, representantes jurídicos del Poder Legislativo deberían acudir a una audiencia el próximo 25 de abril por no haber resuelto en tiempo si solventó el posible desfalco detectado en su mandato.
Los documentos del desorden
De las 55 mil 475 fojas revisadas, que incluyen 306 actas, 33 anexos y la inspección de 23 dependencias, resultan las 137 observaciones detectadas; de éstas, 48 no fueron investigadas por falta de facultad de la Comisión de Entrega-Recepción; sin embargo, 24 Horas Puebla se las presenta:
Las irregularidades del príncipe del Yunque
El uso de empresas fantasma, es decir, con registro ante la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP) pero con domicilios fiscales anómalos y falta de experiencia, fue una constante durante la gestión del promotor en Puebla de la asociación Yo Con México.
24 Horas Puebla documentó que el ex munícipe erogó 44 millones de pesos en “asesorías externas” sólo en 2013. Los contratos fueron otorgados a personajes ligados a Rivera Pérez, a través de corporativos que incumplían distintos requisitos administrativos.
De hecho, entre 2011 y 2013, el hoy delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en el Estado de México aumentó hasta en 359.1% el pago del Ayuntamiento de Puebla por asesorías externas que fueron otorgadas a 28 personas físicas y morales.
Una de las beneficiadas fue, por ejemplo, Alejandra Solís Acevedo, militante del PAN desde el 1 de noviembre de 2011, según el Registro Nacional de Militantes de ese partido.
Solís Acevedo figura como administradora única de la empresa Multiservicios Integrales y Tecnología, que cobró alrededor de 1.3 millones de pesos de las arcas municipales de 2011 a 2013.
Esta empresa fue “multiusos” para el gobierno riverista, pues fue proveedor de “papelería, equipo de cómputo y construcción” del Ayuntamiento capitalino y, a la par, asesor para el “diseño, desarrollo y redacción” de los tres primeros informes de gobierno municipal.
Según el portal de transparencia del gobierno municipal, Multiservicios Integrales y Tecnología se localiza en la calle 20 de Noviembre de la colonia El Esfuerzo Nacional, pero en esta dirección hay sólo una vivienda particular sin ningún distintivo que acredite que se trata de un corporativo.
Un panista más que resultó beneficiado de la anómala contratación de consultorías durante el trienio riverista fue Miguel Marcelino Álvarez Lozano, militante blanquiazul desde el 1 de octubre de 1982.
En 2011, según registros oficiales, Álvarez Lozano cobró 497 mil 129 pesos por una “consultoría del sistema de gestión”. En 2012, el mismo personaje recibió 370 mil pesos por “establecer talleres de planeación estratégica” del Sistema Municipal DIF. Y, finalmente, en 2013 aparece nuevamente como consultor, pero el registro sobre el monto que recibió no se encuentra disponible.
Lalo, el perseguido
Por Guadalupe Juárez
Desde redes sociales, Eduardo Rivera Pérez ha intentado responder a las observaciones de la ASE y del Congreso local con videos donde da cuenta del proceso que enfrenta y reitera ser un “perseguido político”
Acciones del congreso contra Rivera
Legisladores poblanos han criticado que el ex alcalde haya decidido judicializar la sanción que los diputados locales aprobaron en su contra por su tercer año de gobierno:
PRI votará en contra
El dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, señaló vía Twitter que la bancada priista en el Congreso local, representados por la coordinadora Silvia Tanús, votará en contra de la inhabilitación a Eduardo Rivera.
Me informa @silvia_tanus Que el viernes Dips. del PRI de manera unánime votarán en contra de la inhabilitación a @eduardorivera01 1/2
— JorgeEstefanChidiac (@EstefanChidiac) 6 de abril de 2017