La abrupta defensa de los miembros de la cofradía política al ex edil desnudó su modus operandi y expuso algunos de los aliados coyunturales con los que aún cuenta
Por Mario Galeana
La Organización Nacional del Yunque develó su modus operandi durante la defensa de uno de sus principales alfiles, el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez, y también algunos de los aliados coyunturales con los que aún cuenta.
¿Cómo operó El Yunque la más grave estocada en su contra de los últimos años? A través de una minoría de regidores en el Cabildo de Puebla y, sobre todo, a través de dos universidades de corte confesional: la UPAEP, el semillero por excelencia de la ultraderecha, y la Universidad Anáhuac, brazo educativo de los Legionarios de Cristo.
La operación alcanzó también a la Coparmex, que hoy es encabezada por José Antonio Quintana Gómez, hijo el antiguo patrono de la derecha poblana: José Antonio Quintana Fernández.
El primer viernes de abril, día en que el Congreso del Estado aprobó la inhabilitación del ex alcalde de Puebla y posible candidato de la ultraderecha para la gubernatura en 2018, los teléfonos celulares de los integrantes de El Yunque sonaron una y otra vez.
Desde el Bajío hasta el Estado de México, senadores, diputados y hasta candidatos se lanzaron a la red social de los 140 caracteres para reprobar el castigo en contra de Rivera Pérez, a quien las autoridades de fiscalización detectaron un posible quebranto patrimonial por casi 300 millones de pesos sólo durante su tercer año de gobierno.
Pero el respaldo fue coyuntural y tuvo origen en la elección del Estado de México, donde Rivera Pérez acompaña la candidatura de Josefina Vázquez Mota, quien es respaldada por los acérrimos enemigos del morenovallismo: el matrimonio Calderón-Zavala y el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.
El único integrante que falló en la estrategia fue el líder del consorcio de hombres de negocios de Puebla: Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El empresario, ligado a una de las familias más añejas de la ultraderecha poblana, no logró cerrar filas entre todas las cámaras y, con ello, no pudo fijar una postura unísona a nombre del organismo.
Pataleo en el Cabildo
Casi una semana antes de que el Congreso de Puebla lo decidiera en el Pleno, para el círculo rojo poblano era un hecho: el viernes 7 de abril el último eslabón de El Yunque quedaría descartado de la función pública por 12 años.
Y la organización ultraconservadora actuó en consecuencia. El martes 4 de abril los regidores Adán Domínguez y Guadalupe Arrubarena se negaron a aprobar la primera cuenta pública del edil capitalino Luis Banck Serrato, bajo el alegato de que la información financiera se les había otorgado de manera tardía, lo que fue negado por otros regidores.
Dos días más tarde, ambos se ausentaron de una reunión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal donde, por mayoría, el ejercicio fiscal de Banck Serrato fue aprobado.
El ejercicio fiscal llegó al resto del Cabildo de Puebla el 11 de abril, en una sesión donde los regidores revelaron sus verdaderos propósitos: la defensa de Lalo Rivera. Con sólo cinco votos en contra a la aprobación de la cuenta pública, el traspié ideado por El Yunque fracasó.
Movilización en el día negro
La más apresurada y notoria operación del Yunque para evitar la caída de Rivera Pérez ocurrió, sin embargo, el día en que el Congreso aprobó su sanción.
Fue, sobre todo, un efecto de cascada en Twitter: entre la marea de tuits resaltaban, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota, Fernando Herrera Ávila (coordinador del PAN en el Senado), Marko Antonio Cortés Mendoza (coordinador del PAN en la Cámara de Diputados), el senador Juan Carlos Romero Hicks (ex gobernador de Guanajuato, bastión de El Yunque), entre otros.
El ex presidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, aspirante a candidata por el PAN a Los Pinos, fueron posiblemente los más estridentes, pues el primero exigió al presidente nacional del PAN “actuar y castigar con todo rigor el hostigamiento e injusticia” en contra de Rivera Pérez.
A la andanada terminó sumándose Ricardo Anaya Cortés, quien ese mismo día dijo desde Twitter que el castigo era “injusto”, posición que refrendó más tarde en un comunicado emitido a nombre del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.
Con la misma rapidez, El Yunque movilizó a algunas de las más importantes universidades privadas del estado, que se han convertido en semillero de figuras políticas de ultraderecha.
Horas más tarde de la votación en el Congreso, los rectores de la UPAEP, la Anáhuac, la Umad, la Udlap, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey eran noticia por criticar la sanción contra Rivera Pérez.
Desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se intentó hacer lo mismo. Carlos Montiel Solana criticó desde la red social del pájaro azul la sanción contra el ex alcalde, pero poco pudo hacer desde su posición como presidente del organismo, pues hubo “falta de consenso” para fijar una postura institucional, reconoció en una entrevista concedida un par de días más tarde.