Con el espaldarazo a la legislación propuesta por la Sedena para regular el accionar de las fuerzas armadas, el mandatario poblano ratifica su adhesión al bloque de gobernadores afines a Moreno Valle
Por Osvaldo Valencia /@Osva_Valencia
Tras el revés que propinó el grupo de gobernadores panistas en contra del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, al respaldar la Ley de Seguridad Interior, tocó el turno a José Antonio Gali Fayad quien secundó el pronunciamiento del mandatario tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, a favor de dicha legislación.
El Ejecutivo estatal resaltó que durante los casi tres meses de gobierno que van de su gestión se han dado resultados en cuanto a seguridad gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, las policías Militar y Federal y la Fiscalía General del Estado.
“Esta ley, que fue por lo que sacamos el desplegado los gobernadores del PAN, es para proteger efectivamente a los militares, para ratificar en la Sedena que estamos con ellos, y que definitivamente son funciones que están haciendo por necesidades en diferentes estados y municipios”, aseveró.
En 106 días de operativos durante la administración de Gali, las dependencias de seguridad han recuperado más de un millón 768 mil litros de combustible robado y detenido a 318 personas relacionadas con la ordeña de ductos de Pemex, por lo que –comentó– buscará establecer un convenio por dos meses más con la Sedena.
En días pasados, gobernadores emanados de Acción Nacional expusieron que dicha ley de seguridad interior debe regular el accionar de las fuerzas armadas, priorizar los derechos humanos y asegurar que el despliegue militar sea equiparable a la magnitud del conflicto.
Versiones periodísticas señalan al gobernador tamaulipeco como puntal en la avanzada del grupo de mandatarios que apoyan al ex gobernador Rafael Moreno Valle en la carrera por la candidatura albiazul, lo que pone al rojo vivo la disputa en el PAN por la candidatura presidencial de 2018.
De acuerdo con el periodista Fernando Alberto Crisanto, la dirigencia nacional de Acción Nacional habría condicionado a sus legisladores la aprobación de la Ley de Seguridad Interior a cambio de la segunda vuelta electoral, con lo que buscaría asegurar su victoria en la elección presidencial.