Redacción
El fiscal General de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, confirmó el cierre de gasolineras propiedad de presidentes municipales tras una serie de operativos de vigilancia entre el gobierno del estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ello como parte de la estrategia contra el robo de combustible y la supervisión de posibles compradores de grandes cantidades como las estaciones de servicio y algunas empresas.
“Es un tema complejo y con muchas aristas; hay un grupo de alto nivel encabezado por el secretario de Hacienda, el director de Pemex, la PGR y autoridades locales; la idea es tratar de combatir los pasos y vínculos de los grupos en distribución y todo, queremos que se combata a los grandes compradores, en coordinación con Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera”, indicó en entrevista para el programa Despierta con Loret.
Aunque no precisó el nombre de los ediles propietarios de gasolineras relacionados con la compra-venta de hidrocarburo robado, Carrancá Bourget recordó que sólo el alcalde de Atzitzintla, José Isaías Velázquez Reyes, fue detenido por sus posibles vínculos con células delictivas provenientes de cárteles que han encontrado en la perforación de ductos y extracción de combustible una actividad más redituable.
“Hemos colaborado con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y hay un detenido por el operativo Encrucijada. El número de homicidios y ejecuciones antes de los operativos Encrucijada y Palmarito se ha visto reducido, las detenciones de varios líderes de esos grupos han marcado una tendencia a la baja”, explicó.
Hace unos días, el vocero del gobierno de Puebla y senador de la República, Javier Lozano Alarcón, confirmó que había alcaldes vinculados con la compra-venta de hidrocarburo ilícito en el llamado triángulo rojo.
Aunque omitió revelar los nombres de los ediles presuntamente vinculados con chupaductos, fuentes consultadas indican que se trataría de los alcaldes de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, y de Cuyoaco, José Luis Rechy Tirado.
En otro orden de ideas, el fiscal aseguró que desconoce las condiciones por las cuales la Policía Federal detuvo a mediados de este mes a uno de los presuntos agresores de una familia en la autopista México-Puebla, donde un menor de dos años fue asesinado y dos mujeres agredidas sexualmente, anuncio hecho el 17 de mayo por el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
“No hemos recibido los elementos en que se basó la Policía Federal para hacer el anuncio, fue puesto a disposición de la PGR pero no han aportado los datos”, sostuvo Carrancá Bourget, luego de la aprehensión de seis probables integrantes de la banda de El Güero, quienes habrían atacado a una familia el 2 de mayo.
Afirmó que su detención fue posible gracias al rastreo de llamadas telefónicas, con una autorización judicial, realizadas con los equipos celulares que robaron la madrugada de ese día a los integrantes de la familia que viajaban en una camioneta pick up.
“Los tenemos vinculados con varios delitos. El 23 de mayo intentaron robar un tractor, pero sólo se detuvo a uno; se han ligado a través de sus conversaciones y se detectó otro celular de alguien que también fue asaltado en la pista. Las conversaciones se usarán como prueba”, confirmó Carrancá.