Ha enfrentado demandas en varios estados por no acatar la Ley de Transporte de cada entidad donde opera
Por Denisse Meza
Desde su puesta en marcha, la empresa de servicio de taxi ejecutivo Uber ha presentado diversos problemas para su circulación.
En un inicio, conductores de transporte privado se manifestaron en su contra al argumentar una competencia desleal y tenían razón: La extranjera se enfrenta a la imposición de multas por no cumplir con las diferentes leyes de transporte en los estados donde operan.
En Puebla, Uber fue sancionada debido a que los conductores no hicieron uso adecuado de las plataformas de cobro y traslado, por lo cual se hizo acreedora a multas que van de los tres mil 774.5 pesos a los seis mil 039.2 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT).
Dicha violación fue sólo una réplica de lo que hacen en el Estado de México, Guanajuato y Toluca, donde brindan el servicio y sí permiten cobro en efectivo.
Normas estrictas vs Uber
Hay entidades que no han sido benévolas con la empresa y se han encargado de que los requisitos para que funcione sean estrictos, lo cual ha provocado que los gobiernos locales se vayan a pleito local con la transnacional.
En Querétaro, por ejemplo, la Ley de Transporte indica en el artículo 32 párrafo dos que el prestador del servicio podrá: “proporcionarlo y ofrecer su contratación mediante el uso de aplicaciones electrónicas y tecnológicas, a efecto de permitir al usuario acceder al servicio por los mismos medios; realizar el pago con tarjeta de crédito o débito y la facturación”. Además de registrar la aplicación electrónica, tanto los vehículos como los conductores.
“El servicio de transporte privado de pasajeros se prestará en vehículos cuyos conductores se encuentren registrados en el instituto y certificados como operadores del transporte. Dicha certificación la podrán obtener en las instituciones de educación pública o instituciones privadas debidamente registradas ante el instituto”, señala la ley de aquella entidad.
Como lo anterior no fue cumplido por la empresa, el 28 de marzo el gobierno determinó prohibir su operación, a lo cual Uber dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación le concedió la suspensión definitiva de lo establecido en dicha ley.
En Guanajuato, a diferencia de Puebla, el artículo 210 de la Ley de Movilidad señala que para otorgar el permiso a los vehículos de transporte ejecutivo el conductor deberá contar con licencia tipo B, un automóvil tipo sedán o superior, de cuatro o cinco puertas, además de aire acondicionado, bolsas de aire y cinturón de seguridad para todos los pasajeros.
En la Angelópolis dicho reglamento estipula que los conductores de taxis están obligados a tener placas de circulación, tarjetón de concesión o permiso, tarjeta de circulación y calcomanías, póliza de seguro. El conductor deberá portar licencia de conducir acorde al tipo de servicio que ofrezca, así como gafete de identificación, el cual debe ser colocado al interior de la unidad en un lugar visible para el usuario.
Desventaja para taxistas
Los costos del papeleo son altos, de acuerdo con Juan Rojas, taxista, quien explicó que la renta de placas para su unidad cuesta dos mil 300 pesos mensuales, mientras la licencia especial de conductor costó dos mil 950, más mil 550 pesos del curso obligatorio y la cuota de validación de concesión de aproximados mil 515 pesos, lo cual da un total de ocho mil 315.
En el caso de Uber, los automóviles deben presentar placas de circulación del estado de Puebla y calcomanías alfanuméricas, así como tarjeta de circulación y el documento que acredite su registro ante la Empresa de Redes de Transporte.
También una copia de la póliza de seguro con cobertura amplia, tener una antigüedad máxima de cinco años para su registro y estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales.
Una trabajadora de Uber que pidió la gracia del anonimato indicó que para manejar un auto de la empresa debió pagar 600 pesos de licencia para conductor, tramitar la carta de antecedentes no penales que cuesta 260 pesos, sí como un examen toxicológico que les realiza la transnacional en 500 pesos, erogando mil 360 pesos en total.
