El diputado Jorge Aguilar demandó a la titular de la SIMT Martha Vélez la presentación de una iniciativa para que sea el gobierno quien investigue los antecedentes de los conductores
Por Mario Galeana
Un nuevo asesinato ha implicado a las empresas de redes de transporte, pero el gobierno del estado y el Congreso local aún no se ponen de acuerdo para endurecer los protocolos de seguridad en la contratación de conductores.
Tras el esclarecimiento del homicidio de Mariana Fuentes, donde participó un conductor de Uber, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, exigió mano dura en contra de la transnacional.
Sin embargo, responsabilizó a Martha Vélez Xaxalpa, titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), de la presentación de una reforma de ley para que sea el gobierno quien investigue los antecedentes de los conductores y no las compañías que los contratan.
“El gobernador del estado pronunció claramente que sería la secretaria Martha Vélez quien revisaría la legislación y, de requerirse, presentaría una iniciativa. Iniciativa que no se ha presentado. Por mi parte, he revisado la regulación que debe existir y parece que en buena parte esto ya está contenido en la regulación actual”, declaró ayer.
Aguilar Chedraui dijo que ningún legislador presentaría una iniciativa de esta índole, aunque más tarde los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y Transporte del Congreso local, Mario Rincón González y Julián Rendón Tapia, declararon que trabajan, de manera separada, en un decreto para que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue a los conductores y sean sometidos al examen de control y confianza.
Pero hace un mes, tras el esclarecimiento del feminicidio de Mara Castilla Miranda, asesinada y abusada sexualmente por un conductor de Cabify, ambos legisladores habían prometido presentar la misma iniciativa.
“Nosotros hicimos nuestro trabajo: somos el único estado donde Uber inició operaciones con una reglamentación. Yo dije que presentaría la iniciativa en el tercer periodo de sesiones, que inició hoy (ayer). Lo haré de manera personal y pronto será presentada”, dijo Rendón Tapia.
“Estoy trabajando de manera intensa con el subsecretario de Transporte, Alberto Vivas, para aplicar las modificaciones y darle responsabilidad a la empresa, no sólo al propio chofer. Y que también obliguemos a los choferes a presentar exámenes de control y confianza, y a que tomen un curso de equidad de género”, comentó Rincón González, en una entrevista distinta.
UBER debe irse: CTM
A su vez, el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla, Leobardo Soto Martínez, exigió al gobierno del estado que retire el permiso de operación a la empresa Uber, cuyos conductores han participado, también, en al menos 10 robos, según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM).
“Creo que si Cabify fue sancionado de esa forma, Uber también. La sanción fue severa pero merecida en el caso de la primera empresa, y lo mismo debe pasar ahora con la otra”, refirió.
Soto Martínez dijo que, en caso de que no se retire su permiso, Uber debe hacer públicas las listas de sus conductores y socios, al igual que cada unidad del servicio de taxi tradicional.
“Así verías los nombres y prevendrías los delitos. En el caso de los taxistas, por ejemplo, tú entras a la página de la Secretaría de Transporte y te aparecen sus nombres y sus apellidos. Nosotros queremos que se sepan los nombres de los dueños y socios de Uber”, dijo.
Esto, reconoció, podría exhibir un posible conflicto de interés entre socios, pues “hay rumores muy fuertes de que hay muchos políticos y empresarios que son propietarios de unidades en Uber”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso rechazó la posibilidad de que se retire el permiso a Uber, pues ello causaría daños en la economía de las familias de los conductores.
“Hay que ser muy responsables. El tema de Cabify dejó sin empleo a varias familias que no tenían nada que ver con este tipo de ilícitos, familias que dejaron de recibir sus ingresos. Cabify tenía varias unidades, pero nada era en comparación con lo que tiene Uber. La pena debe ser de manera individual, no general”, consideró Rendón Tapia.
Esquivan protocolos de UBER en Facebook
Librar los protocolos de seguridad de Uber para ser contratado no es difícil. En grupos de Facebook se venden cuentas para todos aquellos que quieran ser conductores, sin pasar por los exámenes de antecedentes penales o toxicología que la empresa aplica a cada aspirante.
Se ofrecen por un precio que va desde los 500 hasta los 800 pesos. El trato —en algunos casos— ha sido sellado incluso afuera de las oficinas que la empresa posee en la capital.
“Mira, imagínate que por alguna razón no pasas los exámenes de Uber. Entonces buscas a alguien que tenga una cuenta y que por alguna razón no la ocupe o ya no la quiera. Se la compras, y lo único que tienes que hacer es cambiar la foto del anterior conductor por la tuya. Y ya: sin exámenes, sin nada”, explicó un chofer.
Con la venta de perfiles en la aplicación, conductores y propietarios de autos libran el proceso de certificación y seguridad de Uber, que es a la vez uno de sus principales eslóganes publicitarios: “La seguridad versa en cada viaje”.