De acuerdo con una ONG, en la entidad un denunciante puede tardar más de tres horas para interponer una demanda
Mario Galeana
Hallar la aguja en el pajar es casi tan probable como resolver un delito en Puebla: sólo 0.42% de los ilícitos que se cometen en el estado es esclarecido, de acuerdo con la Organización Nacional Anticorrupción (Onea).
El cálculo del organismo incluye tres indicadores: los delitos que se investigan, los que se juzgan y los que nunca se denuncian, es decir, aquellos que se apilan en lo que se conoce como la cifra negra de ilícitos.
Con esa evaluación, la Onea y la organización civil Impunidad Cero ubicaron a Puebla como una de las siete entidades con más impunidad en toda la República. Los primeros seis puestos los ocupan Yucatán (0.11%), Morelos (0.23%), Veracruz (0.23%), Guerrero (0.29%), Hidalgo (0.31%) y Tamaulipas (0.34%).
En el estado, sólo 5.1% de los ilícitos que se denuncian tiene una investigación formal. Pero sólo 8.3% de estas averiguaciones es efectiva, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 del INEGI.
La entidad tampoco destaca por la cantidad de recursos que se destinan para la procuración de justicia. En este año, las autoridades aplicaron 128.52 pesos per cápita en este rubro, la tercera cantidad más baja en todo el país. Chihuahua, por ejemplo, ejerció mil 79 pesos per cápita en la materia.
Ello se relaciona inherentemente a la capacidad de las instituciones para realizar labores de investigación. Pero en Puebla hay sólo 4.3 ministerios públicos locales por cada 100 mil habitantes, mientras que en Quintana Roo se cuenta con 22.6 por cada 100 mil ciudadanos.
La capacidad de las instituciones locales abocadas a la investigación criminal es, además, lenta para cualquier ciudadano. Un denunciante en Puebla puede tardar más de tres horas para acusar formalmente un delito, según Impunidad Cero.
La suma de estos indicadores ubica a la Fiscalía General del Estado (FGE) como una de las tres peores en todo el país, sólo menos mala que la de Guerrero y Michoacán. Las tres mejores procuradurías locales se encuentran en Chihuahua, Nayarit y Guanajuato.
El mal desempeño de la FGE ha sido una constante. En 2016, Puebla tuvo el tercer indicador más bajo en cuanto a la legalidad de las detenciones que se realizaron.
Y es que menos de 20% de los detenidos pudo ser vinculado a proceso, de acuerdo con el informe Hallazgos 2016: Seguimiento y Evaluación de la Operación del Sistema Penal de Justicia en México, del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).