El diputado federal Eukid Castañón presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para modificar y agregar un artículo bis al código penal federal
Por: Guadalupe Juárez
La disolución o la suspensión de actividades de empresas que contaminen el Atoyac, así como una multa de hasta 688 mil pesos, forman parte de las sanciones más severas que propuso Eukid Castañón Herrera en la Cámara de Diputados federal.
La propuesta incluye el aumento de tres a cinco años de cárcel a las personas que participen de forma directa o indirecta en el delito de daño al medioambiente.
La iniciativa presentada ayer en el pleno de la Cámara baja, turnada a la Comisión de Justicia, consiste en modificar el Código Penal Federal y busca apoyar al gobierno de Puebla en su plan de sanear el río.
“Esta iniciativa tiene el objetivo de brindar a las autoridades del estado mejores herramientas legales para sancionar a funcionarios, empresas y particulares que permitan y/o contaminen el río Atoyac”, explicó a medios de comunicación, aunque contempla todos los delitos en contra del medio ambiente.
Y es que en la ley existe una omisión para sancionar las conductas delictivas contra el medio ambiente en la figura de “personas jurídicas”, es decir, empresas o asociaciones bajo una figura moral.
En sí, hay un vacío que permite a las autoridades, en este caso a Conagua, sólo llegar a acuerdos de “buena voluntad” sin acciones concretas y cumplimiento de plazos estrictos. Eso ocasionaba que no impactara a las empresas y la problemática continuara, según expone el legislador en la presentación de la iniciativa.
Por ello, Castañón Herrera pro- puso agregar el artículo 422 bis al Código Penal donde deja en claro las consecuencias de que la iniciativa privada viole la ley.
La sanción más dura consiste en la disolución de la empresa infractora, una multa de 413 mil pesos a 688 mil 470 pesos y la publicación de la sentencia, si es que el daño ocasionado es de carácter irreversible o catastrófico.
Cuando el perjuicio se lleve a cabo en un área natural protegida, propuso la prohibición de las actividades de la empresa en un plazo de entre cinco y 10 años, en cuyo ejercicio hayan delinquido o participado, así como la publicación de la sentencia y una multa económica de 275 mil 388 a 550 mil 776 pesos.
Si la empresa daña los recursos naturales, flora, fauna, ecosistemas, ambiente o la calidad del agua recibiría una amonestación pública (un llamado de atención), suspensión de actividades de entre dos y cinco años y una multa de 137 mil 694 a 275 mil 388 pesos.
La sanción menos crítica es la considerada cuando una empresa haya producido “un riesgo de daño” al medio ambiente, pues tendría que recibir una amonestación pública, la suspensión de actividades de seis meses a dos años y una multa de 27 mil 538 a 55 mil 76 pesos.
En cuanto a las sanciones dirigidas principalmente a las autoridades que pudieran encubrir o avalar la contaminación del Atoyac, el diputado federal propone sentencias de hasta cinco años de cárcel y multas de 13 mil 769 pesos, si es que una persona tiene bajo su responsabilidad el cuidado del medio ambiente.
Asimismo, contempla a aquellas personas que hagan daño al medio ambiente, resultado de una industria o actividad clandestina o si ocultan o falsifican información, obstaculizan visitas, inspecciones, reconocimientos, verificaciones o fiscalizaciones de las autoridades competentes.