El INEGI señala que en rubros de capacitación de personal del TSJ y FGE, y reorganización institucional en procuración de justicia, el estado obtuvo calificación destacada
Por Guadalupe Juárez
Aunque los niveles de avance en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) fueron menores al promedio del resto del país, Puebla reflejó una eficiencia alta en el porcentaje de resolución respecto a casos terminados por parte de los jueces del control.
A pesar de ello, una de cada dos víctimas tiene la percepción de que no hay un avance en el nuevo sistema, de acuerdo con el estudio Estadísticas judiciales en el marco del nuevo sistema de justicia penal en México 2017, publicado por el Inegi.
En cuanto a la capacitación del personal del Tribunal Superior de Justicia y la FGE, en la entidad apenas es de 8.8 promedio, lo cual corresponde a un nivel alto; el óptimo es de entre nueve y 10.
Puebla también salió evaluado con una calificación alta de 8.3 en la reorganización institucional del área de procuración de justicia, inclusive supera el promedio nacional de 7.9.
Sin embargo en el uso de tecnologías de información, el estado registró una calificación de siete que corresponde a un nivel medio alto, aunque es menor al promedio nacional de 7.2.
Los puntos negativos en el análisis corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE), pues la entidad registra un menor avance en la implementación y una baja en la eficiencia de la resolución de los casos.
Puebla es la segunda demarcación con menos jueces en materia penal del país al registrar una tasa de 0.7 por cada 100 mil habitantes; el primer lugar es de Chiapas con 0.5.
En agentes o fiscales del Ministerio Público la tasa también es baja, con 4.5 por cada 100 mil habitantes y con 0.7 en defensores públicos en materia penal, el segundo más bajo del país.
En salas de oralidad, por cada 100 mil habitantes Puebla apenas tiene una tasa de 0.6 cuando el promedio nacional es de 0.8.
La entidad poblana apenas cuenta con 10 espacios de asesoría jurídica a víctimas, cuando estados como Nuevo León tiene 11, Colima 36, Tabasco 31 y Querétaro 28.
El estudio indica que a pesar de la existencia de un área para la atención a las víctimas, esta no cuenta con un registro estatal, mientras que Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas sí los tienen.
Los afectados por algún delito han indicado que no denuncian por causas atribuibles a la autoridad; en los últimos años este indicador ha ido a la baja en el estado. En 2011 –según el Inegi– 67.1% de las víctimas no acudía a denunciar ante las autoridades; en 2012 fue de 62.6%, un año después de 59.1% y en 2014 –en el informe más actualizado– fue de 62.8%.