Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirma que aplica de manera estricta los preceptos de autodeterminación de los pueblos y no intervención que establece el artículo 89 constitucional.

Sin embargo, casi nunca menciona que en la fracción X de dicho artículo se dice también que entre los principios que el Ejecutivo debe observar a la hora de conducir la política exterior del país, también están “el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos”.
Dicho eso, no es verdad que el gobierno se apegue siempre a la no intervención.

Mientras estuvo Evo Morales en México —y abusó del asilo que le otorgó este país mediante un abierto activismo en la política boliviana—, no hubo una sola llamada de atención pública por parte del gobierno mexicano para que se abstuviera de hacerlo. En cambio, en cuanto Morales llegó a Argentina, el gobierno de ese país le advirtió que no le permitiría repetir lo que hizo en México.

Durante un mes, el gobierno mexicano se hizo de la vista gorda mientras Morales enviaba instrucciones a sus partidarios para bloquear ciudades e incluso impedir la entrada de alimentos. Pero eso no fue todo. Hoy sabemos que Sergio Martínez Beltrán, el personaje señalado en el informe de la OEA como el “asesor secreto” del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, quien manipuló la base de datos del conteo de votos, estuvo refugiado en la embajada de México en La Paz.

De acuerdo con el diario boliviano Página Siete, el 19 de noviembre, la cancillería de ese país avisó a la embajada mexicana de “la existencia de resoluciones y mandamientos de aprehensión en contra de políticos solicitantes de asilo, para evitar su salida del país”. Entre ellos estaba Martínez Beltrán. A pesar de ello, el 27 de noviembre éste escapó rumbo a Perú por el paso fronterizo de Desaguadero.

El pasado jueves 12, el Consejo Permanente de la OEA analizó el informe final presentado por el equipo de la organización —compuesto de 36 auditores de 18 nacionalidades— sobre los comicios presidenciales del 20 de octubre en Bolivia. Dicho informe confirmó y profundizó los hallazgos iniciales del grupo de trabajo: detectó alteraciones de las actas de escrutinio y falsificación de las firmas de autoridades de casilla, así como el redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, lo cual permitió la suplantación de las actas.

Todo ello, dice el documento de 96 páginas, derivó en una “manipulación dolosa” que hace “imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales”.

Llama la atención que la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, haya intentado meter en la agenda de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente un documento que refuta los hallazgos del informe de la OEA, elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), supuesto think tank controlado por personajes de la alianza bolivariana y sus aliados, como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa; el mexicano Héctor Díaz Polanco, de Morena, y el español Juan Carlos Monedero, de Podemos, y que acaba de invitar a ser parte de su Consejo Consultivo al “vicepresidente de Bolivia” (sic), Álvaro García Linera, quien acompañó a Evo Morales en su efímero exilio en México.

Al hacer esto, sin éxito, México se quedó solo, pues ningún otro país de la organización cuestionó la imparcialidad del informe de la OEA. Mediante hechos y posiciones como los anteriormente descritos, está claro que el gobierno de México no actúa en función de una supuesta defensa de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos sino de intereses políticos y obsesiones ideológicas que a menudo lo dejan mal parado, como sucedió con el asilo otorgado al dictador y defraudador electoral Evo Morales, quien se fue de México sin siquiera despedirse.