Los miles de millones en juego por la construcción de la clínica del IMSS en el edificio Cima son la manzana de la discordia por lo que el proyecto está en compás de espera.

La reciente visita del director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto, la semana pasada no fue precisamente de cortesía. Se reunió con la delegada en Puebla, María Aurora Treviño García, para saber sobre la ilegalidad de los terrenos de Cima, donde planean construir la nueva clínica.

Conoce la ilegalidad del predio y la construcción existente. El prestigio del IMSS está en juego y la situación actual del país y Puebla en particular no es la propicia para un escándalo de tal magnitud.

La obra no tiene fecha de arranque. La empresa encargada de ejecutar la obra no ha presentado el proyecto para otorgar las licencias correspondientes.

El asunto es complicado, el área de más de 60 mil metros cuadrados en el que se construyó ilegalmente el edificio de tres pisos Cima carece del uso de suelo. El terreno está registrado para área comunitaria.

Todo inició con la expropiación de los terrenos de la Reserva Atlixcáyotl por el gobernador guerrerense Mariano Piña Olaya. Labor que siguió el tabasqueño Manuel Bartlett Díaz.

Las empresas Medicus S.A. de C.V. y Lasalle Partiners S.A. de C. V. representadas por el panista de la vieja guardia como presidente del consejo de administración Luis Regordosa Valenciana adquirieron los predios de Cima.

En la compraventa de los predios de 42 mil 90 metros y 70 decímetros cuadrados y otro de 20 mil metros ocho decímetros cuadrados, donde se construyó ilegalmente un inmueble de tres plantas llamado Cima, intervinieron Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como secretaria de Finanzas, Rubén Cuevas Plancarte como secretario de Desarrollo, Control y Evaluación de la Administración Pública y Eduardo Macip Zúñiga como secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.

La negociación de 20 mil metros cuadrados se registró en las notarías número 45 y 18 cuyos titulares son: Martha Elena Aguilar González y Jorge Morales Obregón, respectivamente, con un monto económico de cuatro millones ocho mil 19 pesos y 20 centavos, signada el 19 de abril de 1998.

En tanto los restantes 42 mil metros cuadrados quedaron registrados en la notaría pública número 8 de Roberto Ortiz Dietz el 4 de noviembre de 1994, que contiene la protocolización del contrato de compraventa del inmueble formalizado entre el gobierno del estado representado por Carlos Palafox Vázquez, secretario de Gobernación, José Luis Flores Hernández, secretario de Finanzas, Charbel Jorge Estefan Chidiac, secretario de la Contraloría y Martha Gamboa Cerdán, secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, así como el mismo Luis Regordosa Valenciana.

El abandono del edificio por más de 15 años obedece a que lo hicieron sin los permisos de construcción.

Luego del sismo de 7.1 en la escala de Richter del 19 de septiembre de 2017, el Hospital de San Alejandro quedó inhabilitado por daños en su estructura y las autoridades anunciaron que se reubicaría en Cima, que incluiría la construcción del Hospital de Gineco-Pediatría con 210 camas y el Hospital General Regional con 205 camas.

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