Un detalle que no debe pasar desapercibido para un buen ojo analítico es la ofensiva que la cuarta transformación arrancó en contra de las universidades públicas del país, misma que casi tiene en jaque a la máxima casa de estudios en México, la UNAM.
Todo inició el año pasado, cuando en el análisis del presupuesto para 2019 se les castigaba a las universidades públicas con recortes que ponían en grave riesgo la operación de estas instituciones, lo cual obligó a la publicación de un desplegado por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual realizó un enérgico reclamo que obligó al gobierno lopezobradorista a dar marcha atrás en la intentona y de calificarla como un “error”.
Lo cierto es que la tentación ahí estaba, tanto así que el presidente López Obrador salió a decir que si los rectores necesitaban más dinero deberían de ganárselo y entrar también a su modelo de austeridad republicana, en donde nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo federal.
Tras esta advertencia presupuestal, ahora la ofensiva se ha dirigido peligrosamente a desestabilizar a estas instituciones, reactivando viejas pugnas a través de grupos de choque, como lo que ocurre en la máxima casa de estudios, la UNAM y sus prepas.
Este peligroso embate en contra de las universidades ha escalado y una muestra es sin duda los recortes al gasto en investigación científica, aunque no es un caso exclusivo de México, ya que esta práctica se presenta en toda América Latina.
En Brasil, Argentina, México y otros países se sigue retrocediendo en el gasto público en investigación y desarrollo (I&D), pese al ya muy limitado promedio de 0.5 del PIB, que está muy por debajo del 2.8 que se registra en promedio en los países de la OCDE.
Todo esto parece ser un contra sentido, sobre todo si se toma en cuenta que se trata de un gobierno de corte populista.
Por una parte, la administración del presidente López Obrador implementa políticas de tono populista de izquierda, como la inusitada creación de 100 nuevas universidades con débiles reglas de calidad académica, o el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga becas a jóvenes en condición vulnerable para que continúen estudios con normas de gestión laxas.
Pero, al mismo tiempo, aplica políticas para la educación superior que coinciden con las de los gobiernos de derecha o ultraderecha mencionados, como las radicales políticas de reducción del presupuesto de las universidades públicas, contracción de los gastos de operación de los centros públicos de investigación, confusas políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e incertidumbre sobre el futuro salarial de los profesores de educación superior.
En este contexto, se debe de entender la embestida desatada en contra de la UNAM y ahora también la Universidad Autónoma de Puebla, a la cual se le busca, a través de una iniciativa del Ejecutivo, colocar un órgano de control interno, mismo que atenta en contra de la autonomía universitaria, la cual establece como máximo órgano al Consejo Universitario.
El pretexto es transparentar los recursos públicos que utiliza la máxima casa de estudios, pero el trasfondo es hacerse del control político de un aparato que representa más de 80 mil almas y que es fundamental para la estabilidad de la entidad.
La primera embestida fue la auditoría que se le intentó aplicar a la UAP, a través del órgano de supervisión, la ASE, la cual no se pudo llevar a cabo, porque no estaba dentro de las facultades de este ente.
La desesperación cundió al no poderle encontrar nada al rector Esparza y ahora se busca recurrir a una nueva figura jurídica, la cual, reitero, significaría una violación literal a la autonomía universitaria.
A ver hasta dónde llega este nuevo episodio entre la administración estatal y la máxima casa de estudios en el estado, mismo que representa un foco rojo de altísimo riesgo para la gobernabilidad del estado.
2020 y 2021, sin duda, serán años muy interesantes para Puebla, en donde se escribe una nueva historia.

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