Foto: Archivo

Respuesta. El titular de Segob, David Méndez Márquez, puntualizó que el gobierno del estado se comprometió con pobladores de Zacatepec a revisar el proyecto a fin de que no haya daños al ambiente ni a la salud.

La Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena exigió la liberación inmediata del activista Miguel N —actualmente recluido en el penal de San Miguel—; a través de un comunicado, el comité se pronunció en contra de la criminalización de los defensores de la tierra, agua y territorio de la localidad de Santa María Zacatepec perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, y demandó no más presos políticos en Puebla y en México.

“Hacemos votos también porque el gobierno de la entidad, surgido de la marea transformadora en nuestro país, efectúe un diálogo consistente con los pobladores, frene el proceso ecocida contra el río y haga lo pertinente para que Miguel sea liberado y se reintegre a la lucha por unas reivindicaciones que consideramos justas”, solicitó en un comunicado el CEN morenista.

Lo anterior, luego de la aprehensión del activista el pasado 24 de enero a las afueras de Casa Aguayo, lo que provocó que pobladores bloquearan por más de un día la carretera México-Puebla, ante la oposición a la conexión de una red de aguas industriales al río Metlapanapa y a fin de exigir la liberación del también integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Puebla, Morelos y Tlaxcala.

SEGOB DESLINDA AL GOBIERNO DE LA DENUNCIA

El titular de Gobernación, David Méndez Márquez, aseguró que bajo la nueva etapa de gobernabilidad que vive Puebla, no hay ni habrá acciones encaminadas a reprimir o coartar derechos de libertad de expresión y manifestación de la ciudadanía, por lo que rechazó que Miguel N sea un preso político del gobierno estatal.

El funcionario deslindó al gobierno estatal y a la dependencia que encabeza de la denuncia en contra del líder social; sin embargo, reconoció que el proceso legal que enfrenta es derivado de la quema de una unidad de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, así como por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a obra pública y daños a las vías de comunicación, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Agregó que desconoce la presunta orden de aprehensión en contra de Miguel N, que pudo haber existido desde septiembre de 2018 de acuerdo con el Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y manifestó que los habitantes de Juan C. Bonilla mantienen interlocución con la FGE a fin de que su proceso legal se lleve conforme a derecho.

“Los habitantes estarán llevando a cabo un acercamiento con la Fiscalía para conocer cuál es el estatus del detenido y las opciones que la ley establece de acuerdo con sus consideraciones, eso en un ámbito que no es de nuestra competencia, lo lleva la Fiscalía”, subrayó.

Méndez Márquez concluyó que como parte de las mesas de diálogo con habitantes de Zacatepec, quienes se oponen a las obras de construcción de colectores pluviales y sanitarios en esa zona, el gobierno estatal se comprometió a revisar la ejecución del proyecto a fin de que no haya afectaciones ambientales o de salud pública para los habitantes del lugar. 


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