Puebla se ubica en el noveno lugar a nivel nacional con más quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violencia obstétrica, principalmente contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Rocío García Olmedo, diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que principalmente se incurre en la colocación del Dispositivo Intrauterino (DIU) sin consentimiento de la mujer, así como la esterilización sin previa autorización, sobre todo en zonas indígenas.
Destacó que con un grupo de legisladoras trabaja la integración de una reforma integral que garantice penas contra quienes cometan este tipo de violencia, además de reformar la Ley Estatal de Salud para que se respete el derecho de la mujer a un trato digno.
“Fundamentalmente, a todas estas reformas que se hagan tenemos que incluir un procedimiento que pueda decirles el ABC, justamente con un objetivo: para que se tengan elementos para reparar los daños a quienes sufran este tipo de violencia”, dijo.
Impulsarán reforma contra agresiones
Desde el Congreso de Puebla se impulsará una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, a fin de disminuir la incidencia de la violencia obstétrica en el estado.
Se añade la posibilidad de que a solicitud de la paciente se dé el acompañamiento de una persona de confianza durante la prestación de los servicios médicos en los que la normatividad en materia de salubridad, epidemiología o control sanitario no lo prohíba.
Además, estará prohibido fotografiar o grabar por cualquier medio el procedimiento de atención médica sin que medie el consentimiento voluntario, así como el ingreso, atención o intervención de personal externo no acreditado ni justificado medicamente, sin que medie el consentimiento voluntario.