Foto: Cuartoscuro
Postura. Luego de que en 2018 la ONU ordenara a las autoridades reabrir el caso, ante los ministros Pérez González rechazó haber girado la orden de aprehensión contra la periodista a cambio de un viaje.
La jueza Rosa Celia Pérez González quedó marcada por su participación en el caso Marín-Cacho. Una simple búsqueda en Google y los resultados la relacionan con el escándalo de 2006. Desde ahí, su carrera ha estado bajo las sombras.
En los últimos años se ha refugiado como jueza de Oralidad Penal y Ejercicio del Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la región judicial norte, con sede en Zacatlán, cargo que también puso en duda cómo lo consiguió, en medio de 50 interesados más.
La jueza también se ocultó de los medios de comunicación en los últimos 12 años, sobre todo en agosto de 2018, cuando la ONU ordenó a las autoridades mexicanas reabrir el Lydiagate.
A raíz de esa fecha, su nombre no volvió a relucir. En redes sociales, su fotografía de perfil es sólo una imagen con parte de su rostro, el resto de su información es privada.
Pérez González es egresada de la Facultad de Derechos Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Originaria de Michoacán, llegó a la capital poblana cuando era adolescente y su carrera en el Poder Judicial inició cuando era estudiante: era la encargada de mecanografiar los expedientes, consigna El Universal en una publicación sobre ella en 2006.
Hasta antes de que su nombre se viera involucrado en el escándalo, la gente la describía como una juez de carrera impecable, “valiosa y honrada” y solitaria. Y así, sola se enfrentó a los constantes señalamientos.
Rosa Celia fue la encargada de fijar una fianza de 70 mil pesos a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, a pesar de que era acusada de delitos menores, lo que la dejó en prisión preventiva, hecho que más tarde la periodista acusara que tras ello fue torturada e incomunicada.
Su nombre quedó marcado cuando salieron a la luz una serie de audios de conversaciones entre el empresario Kamel Nacif Borge y el maquilador Hanna Naked Bayeh, quienes dejaban entrever que la jueza recibió órdenes “desde arriba”.
Tras ello, los medios locales se referían a ella bajo el mote de La jueza escándalo.
En una entrevista en 2007 a un grupo de reporteros, Pérez González dijo sentirse “sola” para defenderse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Frente a los ministros negó una y otra vez haber girado la orden de aprehensión contra la autora de Los demonios del Edén a cambio de un viaje.
“No vendo mi trabajo, es totalmente falso que haya recibido un viaje. Soy una mujer con convicciones, convicciones morales, de principios”, alegó en ese entonces.
Ello, después de que trascendiera que el pago por haber participado en la detención de la periodista había sido un viaje a Houston, Texas.
La jurista se negó a renunciar a su puesto y así ha permanecido por décadas en el Tribunal Superior de Justicia. Hasta hace unos días que su nombre volvió a cimbrar los encabezados de los medios poblanos al inscribirse como una de los 16 aspirantes a convertirse en fiscal.
Hasta ahora los diputados locales han sido reservados en su opinión sobre las aspiraciones de la jueza y si cumpliría con el perfil para ocuparse de la FGE.