Por Mario Galeana

Eran las 12:30 horas y una cálida brisa barría las calles de Cancún, Quintara Roo. Era viernes, 16 de diciembre de 2005. Lydia Cacho bajaba de una camioneta. Unos 10 metros adelante, un Cavalier platinado se detuvo en mitad del camino. Bajaron tres policías judiciales de Puebla.

—Estamos aplicando una orden de aprehensión —dijeron.

Y a Cacho, la periodista que se había atrevido a develar una red de pederastia dirigida por el empresario de origen libanés Jean Succar Kuri, no se le volvió a ver sino 20 horas más tarde, en la ciudad de Puebla.

Fueron los mil 742 kilómetros y las 20 horas más largas de Lydia. “Vieja cabrona”, no paraban de decirle, mientras la torturaban.

Al llegar a la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado, la periodista y activista de derechos humanos supo que enfrentaba los delitos de difamación y calumnia. ¿El agraviado? Kamel Nacif Borge: El Rey de la Mezclilla.

Ese mismo año, Cacho había publicado Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía, un libro donde relató la complicidad de Succar Kuri con políticos y empresarios.

Empresarios como Kamel Nacif Borge.

Lydia fue liberada un día después de aquel imborrable 16 de diciembre, tras pagar una fianza de 6 mil dólares (hoy serían alrededor de 117 mil pesos mexicanos). Pero su caso estaba lejos de apagarse.

Un par de meses después, el 13 de febrero del 2006, un sobre manila llegó hasta la redacción de La Jornada. Tenía como destinatario a la periodista Blanche Petrich.

—Te llegó esto —le dijeron. Y Blanche metió el sobre en su bolsa, donde lo cargó todo el día. Recordó, durante la noche, el misterioso presente. Lo abrió. Dentro había un disco compacto con grabaciones.

A ocho columnas, La Jornada publicó, un día más tarde, la noticia: “Al desnudo, la intriga contra Lydia Cacho”. Las grabaciones eran conversaciones telefónicas entre El rey de la mezclilla y empresarios, reporteros y políticos. Destacó, por sobre todas las anteriores, una voz: la del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

EL GÓBER PRECIOSO

—Quiúbole, Kamel.

—Mi góber precioso.

—Mi héroe, chingao.

—No, tú eres el héroe de esta película, papá.

—Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (Lydia Cacho). Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras. (…)

—Y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé adónde te la mando.

—Pues a Casa Puebla.

—Yo te la quería dar personalmente, pero estás todo ocupado.

—Mándamela a Casa Aguayo, para echármela.

—¿Te la vas a echar? Pues entonces te voy a mandar dos, no una.

“NO ESCUCHO CHISMES”

Un día antes de que la conversación anterior entre Nacif Borge y Marín Torres se hiciera pública, el director de Comunicación Social del gobierno de Puebla, Valentín Meneses Rojas, celebró su santo en el restaurante La Conjura.

El funcionario estatal volvió a casa hasta las 5 horas de la mañana del día siguiente, sin imaginar que, una hora más tarde, el festejo tomaría un tufo de crudez y malsabor.

Su teléfono sonó.

—¿Ya viste lo que publicó La Jornada? —preguntó la voz. Pero no. Meneses Rojas no había leído nada. Y cuando lo hizo, el primer contacto que tomó de su teléfono fue el del gobernador estatal.

Aquel 14 de febrero de 2006 era, también, el informe del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Guillermo Pacheco Pulido.

Las preguntas de la prensa hervían con la publicación de La Jornada, cuyo contenido había sido para entonces reproducido en el programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, pero Marín Torres se deshizo de cada una de ellas.

—No estoy enterado. No escucho chismes —respondió al abrirse paso entre cámaras y micrófonos.

En Casa Puebla, el gobernador y sus asesores no veían la forma de revertir la noticia. Un ejecutivo de Televisa recomendó dar un par de entrevistas a los comunicadores estrella de la cadena televisiva: Carlos Loret de Mola y Joaquín López-Dóriga.

En la entrevista, el mandatario negó cualquier relación con El Rey de la Mezclilla, pero nada bastó para que López-Dóriga lo hiciera trizas.

El 16 de febrero, la escena se repitió, pero ahora en el programa televisivo de Loret de Mola. Marín Torres llegó al estudio con una declaración a cuestas: la de Meneses Rojas, su compadre, afirmando que el de la grabación sí era él.

—¿No le da vergüenza esa grabación? —preguntó, de tajo, Loret de Mola.

—Para nada. No soy yo.

En la televisión analógica, el rostro del mandatario poblano se ensombrecía. Al responder, manoteaba. Era, por decirlo, un guiñapo.

—¿Pero sí es su voz?

—Puede ser.

—¿Por qué no denunció, si es su voz?

—¿A quién denunciamos? Dime.

—¿Por qué entonces su vocero dijo que sí es su voz? ¿Qué no oyeron la grabación antes de salir a dar una postura.

—No la habíamos oído.

—¿Me está usted diciendo que dieron una postura sin haber escuchado la grabación?

El gobernador priista estaba

acabado.

O, al menos, eso parecía.

EL SEXENIO PERDIDO

Marín Torres cargó, desde entonces, una sombra larga sobre la espalda. En menos de dos años, su sexenio estaba perdido. Lo abucheaban en público. Había, incluso, piñatas de alguien rechoncho, chaparro, con botellas rotuladas como coñac.

Las protestas no cesaban. En marchas se pedía su renuncia. Y esa, la exigencia de su dimisión, la consideraba él mismo un “sueño guajiro”.

El 15 de enero de 2007, durante su segundo informe de labores, negó, de nueva cuenta, haber perpetrado un delito en contra de la periodista. Incluso, instó a las autoridades a investigarlo. Y así sucedió.

Antes de finalizar  2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso después de que la entonces presidenta del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) denunció al gobernador; a la entonces procuradora estatal, Blanca Laura Villeda; a la juez Quinto penal, Rosa Celia Pérez, a dos judiciales, a un agente del Ministerio Público y al Rey de la Mezclilla.

La investigación de la Corte concluyó, el 26 de noviembre de 2007, que el mandatario y funcionarios de Quintana Roo habían participado en una suerte de “concierto de autoridades”, para violar los derechos humanos de la periodista.

Tres días después, sin embargo, el máximo tribunal del país resolvió que no existió complicidad entre el empresario textilero y el mandatario poblano para violar las garantías de Cacho. La transgresión a sus derechos, dijeron, no había sido grave.

La periodista alzó la voz. Aún lo hace. Sostiene, desde entonces, que el fallo del Estado mexicano permitió que la impunidad brillara por encima de todas las cosas.