Por Guadalupe Juárez
Para conocer con precisión el grado de violencia en contra de mujeres que ocurre en el estado Puebla, se cumplió con el primer paso este viernes, cuando el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) publicó quiénes son los académicos que conformarán el equipo de trabajo para realizar el diagnóstico.
A nivel nacional, serán representantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Alberto Pérez Rivera y Mario Fausto Gómez Lamont.
Elva Rivera Gómez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y Catalina Aguilar Oropeza, de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), serán las encargadas de elaborar el informe que será entregado al Ejecutivo estatal, del que dependerá si se emite o no la Alerta de Género y Violencia contra las Mujeres (AGVM)
Rivera Gómez es doctora en historia y estudios regionales por la Universidad Veracruzana, profesora-investigadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofías y Letras en la BUAP, de acuerdo con su curriculum otorgado al Inmujeres, en el que detalla que es integrante de redes internacionales y nacionales de investigación en estudios de género, masculinidades, ciencia, tecnología y género, y enseñanza de la historia.
Aguilar Oropeza es abogada por la BUAP y cuenta con estudios de posgrado y cursos en equidad de género, desarrollo social, políticas públicas y métodos de evaluación. Es colaboradora del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, además de docente en la Universidad Anáhuac.
También se dedica a ofrecer conferencias y talleres en temas de perspectiva de género e institucionalización de organizaciones de la sociedad civil, así como presidente honoraria de Cihuautla Voluntad Equidad Bienestar A.C.
Gómez Lamont tiene experiencia en impartir ponencias en temas de violencia familiar, trastornos crónicos de ansiedad, parejas y perspectiva de género.
Pérez Rivera, a su vez, es especialista jurídico en Derechos Humanos, violencia contra las mujeres y seguridad ciudadana para la oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito.
Con la conformación de dicho grupo de trabajo, integrado por ocho personas entre servidores públicos de Inmujeres y de derechos humanos, los especialistas contarán con 30 días naturales para realizar su análisis.
Después de la publicación del informe y su aceptación por parte del Ejecutivo estatal, éste contará con un plazo de seis meses para diseñar estrategias y la ejecución de las medidas para cumplir con lo propuesto por el grupo.
En caso de que el gobernador no acepte el informe de manera inmediata, la Secretaría de Gobernación emitirá la alerta de género.
De igual forma, la dependencia federal emitiría la alerta en el caso de que el gobierno del estado incumpliera con las medidas recomendadas en el informe de Inmujeres.