El transporte público, donde más violencia sexual ocurre, ni siquiera está considerado en el marco legal para proteger a las mujeres
Por Guadalupe Juárez
En Puebla, las mujeres que sufren violencia sexual en el transporte público están desprotegidas: el marco legal impide la sanción de agresiones en ese espacio, que es en el que más ocurren.
Ni siquiera está tipificada la agresión y quienes intentan denunciar se topan con un procedimiento que fomenta la impunidad y el anonimato de los agresores.
Además, ninguna campaña de prevención, conciencia o denuncia se ha hecho, pese a que la muestra de procedimientos la ha puesto la Ciudad de México desde hace ocho años, deploró Vianeth Rojas Arenas, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) en entrevista.
Una muestra de limitantes y vacíos del marco legal poblano lo constituye el caso de violencia sexual que una colaboradora de esta casa editorial sufrió el viernes pasado.
En la unidad 41 de la ruta Azteca, un pasajero la agredió. Ella le reclamó y él respondió: “Si quieres ir cómoda, toma taxi”; el chofer le negó ayuda. Ella marcó al 066; quien la atendió, le indicó que pidiera al chofer detener la unidad para que una patrulla de policía la interceptara. El conductor se negó a hacer alto.
sexualmente a una mujer en un camión
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“Estos hombres que manejan no están sensibilizados a esta situación, y es algo que no les ha importado a las autoridades. Lamentablemente no se está haciendo nada y ningún funcionario ha dado alguna declaración al respecto ni de acoso en transporte público o de la calle. Son violencias que no se están atendiendo”, señaló Rojas Arenas.
Agregó que las autoridades estatales han hecho caso omiso a sus peticiones de capacitar a los conductores de transporte público, pues ese espacio es el sitio número uno en agresiones sexuales en casi todas las ciudades del mundo, indica el documento respectivo de la ONU y lo confirman tanto el programa “Viajemos seguras”, como los estudios de la organización El Poder del Consumidor.
Urgió a la administración estatal actuar, pues el transporte es un servicio que da a través de las concesiones a los transportistas.
“Los conductores no saben qué hacer y los testigos no se meten porque no hay un marco claro ni un procedimiento que seguir”, agregó.
para que interviniera la policía
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La violencia que la víctima sufrió el viernes sería castigada hasta con seis años de prisión en la capital del país, de acuerdo con el artículo 176 del Código Penal correspondiente, que marca como delito que una persona sea tocada sin su consentimiento en genitales, glúteos, senos, pubis o sea obligada a observar algún acto sexual o a realizar una acción sexual.
El texto legal marca como agravante que la víctima vaya a bordo de un vehículo particular o de un servicio público.
En Puebla, a contrapelo de la protección a las mujeres, el Código Penal exige a la víctima dar el nombre completo del agresor, lo cual, al resultar imposible, permite el anonimato y la impunidad, los dos ingredientes que fomentan la agresión, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.