En los espacios donde más ocurren, quedan sin forma de denuncia y castigo por los vacíos del texto legal vigente en Puebla
Redacción
La ley poblana que debería proteger a las mujeres de agresiones en lugares como taxis, bares y eventos masivos tiene impresiciones que hacen imposible el acceso a la protección y la justicia.
Los faltantes en el texto obstruyen el castigo a lo que los expertos llaman violencia comunitaria: la denigración de mujeres en espacios públicos, coinciden especialistas.
Los hoyos de la ley
A diferencia de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia vigente en la Ciudad de México, la de Puebla no especifica quiénes son los responsables de evitar y/o dar el camino a la denuncia de agresiones en donde más ocurren.
En la capital del país, por ejemplo, a la dependencia de gobierno encargada de Cultura se le hace responsable de ofrecer medios de denuncia en caso de que alguna asistente a actividades culturales o artísticas sufra una agresión.
En cambio, la ley poblana generaliza la responsabilidad: “El Estado garantizará a las mujeres la erradicación de la violencia” con educación libre de estereotipos, “la instrumentación de un sistema de atención, protección y defensa para prevenir y erradicar” las agresiones y el diseño de una base de datos, asegura el artículo 18 de la sección tercera, dedicada a las agresiones que ocurren en la comunidad.
En el transporte público, espacio donde ocurre la mayor cantidad de agresiones sexuales contra mujeres en las ciudades de México, de acuerdo con la ONU, la legislación capitalina ordena que haya medios para canalizar las denuncias inmediatas de las víctimas.
En la ley poblana, ni siquiera se hace referencia a ese espacio; tampoco se le atribuye una responsabilidad al organismo o entidad responsable del transporte público, en contraposición al marco legal capitalino.
Para la ley poblana, la violencia contra las mujeres en la comunidad “consiste en los actos individuales o colectivos tendientes a transgredir sus derechos fundamentales, que tienen como fin denigrar, discriminar, marginar o excluirlas de cualquier ámbito en que se desarrollen”.
En cambio, para los habitantes de la capital del país, la ley le da marco sólido para que no haya duda que se trata de lo que hace una persona o un colectivo contra la seguridad e integridad de mujeres y especifica dónde: “en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos”.
Expertos en políticas públicas antiviolencia y periodistas especializados en la cobertura y seguimiento de legislación para detener las agresiones contra mujeres explicaron que en tanto se carezca de los medios efectivos para sancionar y se haga, la violencia continuará.
“En este país, una mujer debe saber que en la calle, en la oficina o en la escuela, hay hombres convencidos de que pueden agredirla, acosarla, insultarla, solo porque son mujeres.
“Y no hablo de hombres ‘enfermos’, sicópatas. Hablo de casi cualquier hombre-jefe-compañero-pariente-colega-desconocido, que además sabe que su agresión quedará impune”, aseguró Daniel Moreno Chávez, sobre la falta de procedimientos para evitar la conducta.
A la legislación discapacitada se le agrega otro ingrediente: falta de voluntad política de los gobiernos, asegura Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
Cada vez que hay una ley o un reglamento dirigido a detener la violencia, es necesario que se considere que puede garantizarse su cumplimiento; de otro modo, resulta contraproducente porque la víctima se gasta física y anímicamente, subraya en una investigación de la periodista Sara Lovera.