Por Serafín Castro
La entrega de apoyos de programas sociales como tinacos y uniformes escolares por parte de instituciones del gobierno no son consideradas como un delito electoral aun cuando se entreguen en pleno proceso electoral.
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Lo anterior, siempre y cuando no se promocione a través de ellos la voz, nombre, imagen personalizada o algún símbolo de los funcionarios, señaló el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.
A pregunta expresa del alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, quien interrogó al fiscal sobre la legalidad o ilegalidad de la entrega de tinacos y uniformes, teniendo como antecedente la entrega de televisores que realizó el gobierno federal en pleno proceso electoral del año pasado, y en el que las autoridades electorales fallaron en que no había delito.
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Ante la pregunta realizada por el edil, durante el Foro de la Legalidad organizado por las principales universidades del estado, Nieto Castillo argumentó que de acuerdo con el artículo 134 de la ley General en Materia de Delitos Electorales establece que en materia de educación, salud, y protección civil pueden realizarse campañas de comunicación social.
Agregó que “en un país como México en donde hay tanta desigualdad social y carencias, bajo ninguna circunstancia se puede limitar la acción gubernamental”, expresó.
Lo que es un delito, señaló Santiago Nieto, es amenazar a las personas con retirar el apoyo si no votan por determinado partido, o coaccionar a los subordinados para que participen o condicionen programas, así como obligar a trabajadores para que asistan en horas hábiles a actos proselitistas.
El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, tomó la palabra para argumentar que si bien es cierto que la entrega de apoyos no es considerado a un delito electoral, incluye una cuestión inmoral por parte de las autoridades que las entregan.
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El fiscal le respondió que la Fepade se encarga de revisar delitos legales, no morales; no obstante, dijo que es necesario que los programas de entrega de apoyos estén justificados y cuenten con reglas fundadas, que los espacios de entrega estén definidos y que se evite promocionar a un servidor público con ellos.