Por Ignacio Juárez Galindo
Pese al pliego de observaciones emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra del gobierno del estado en el periodo 2011-2014, el cual ascendía a 3 mil 456 millones de pesos, el organismo no ha presentado hasta la fecha ninguna denuncia penal contra la administración estatal, la cual logró solventar un poco más del 85 por ciento de los señalamientos.
Es más, según datos de la ASF, la entidad poblana se encuentra en el séptimo lugar nacional con los mejores indicadores al realizar un cruce en el monto económico por observaciones pendientes de solventar en el periodo 2011-2013, la bolsa observada en el 2014, el importe de los procedimientos de resarcimiento y denuncias penales.
La información de la ASF en San Lázaro sobre la entidad entre 2011 y 2014 fue utilizada por el Revolucionario Institucional para presentar ante la Procuraduría General de la República una denuncia por el delito de peculado en contra del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y exfuncionarios estatales, entre ellos José Antonio Gali Fayad, así como el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, y los priistas Enrique Agüera Ibáñez, exjefe del gobierno universitario, y Ardelio Vargas Fosado.
RICARDO RODRÍGUEZ/AGENCIA ES IMAGEN
Dicha querella alerta por una supuesta “afectación al fisco federal” por 3 mil 456 millones de pesos, de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. En las tres primeras, los denunciantes utilizaron información pública de la ASF y en las últimas anexaron un recorte del periódico La Jornada de Oriente.
Con esta acción, el tricolor usurpó la función de la Auditoría que es la instancia legalmente facultada para iniciar una denuncia penal contra algún gobierno de cualquier nivel en caso de encontrar anomalías en el manejo de los recursos.
Sin embargo, información a la que 24 Horas Puebla tuvo acceso da cuenta que la administración estatal cumplió hasta el momento con solventar el 85 por ciento de los recursos observados en esos años, mientras que los restantes 518.4 millones están prácticamente comprobados.
Por ejemplo, en los periodos 2011 y 2012, la Auditoría Superior advirtió presuntas anomalías por 108 millones y 917.3 millones, respectivamente, en el Seguro Popular. Las observaciones fueron solventadas al 100 por ciento.
Otro caso es la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), asentado bajo el concepto de Corredor BRT (Bus Rapid Transit) Puebla-Chachapa-Tlaxcalancingo, la Auditoría advirtió inconsistencias en162.2 millones de pesos. El monto fue resarcido en su totalidad.
Un caso adicional es el Fondo de Aportaciones en Servicios de Salud. En 2012 y 2013, el organismo señaló irregularidades por 329.2 millones y 35.9 millones. Todo fue solventado.
Lo mismo ocurrió con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades que en 2013 se observaron 244.7 millones. A la fecha, todo fue aclarado.
El manejo en los recursos federales ha sido reconocido por la ASF. En el ejercicio fiscal 2014, la entidad poblana se ubicó en el segundo lugar del Índice de Desempeño del Gasto Federalizado, con 83.3 puntos de 100. El primer sitio lo ocupó Durango, con 86.5 puntos.
Un ejercicio más que comprueba la eficiencia en el gasto resulta de comparar el presupuesto autorizado para 2014 y el monto observado por la ASF: Puebla tuvo una asignación de 31 mil 931 millones, de los cuales la Auditoría encontró observaciones en 809 millones, es decir, el 2.5 por ciento del total de los recursos.
Si el comparativo se extiende a entidades con un presupuesto más o menos similar al poblano y que también se encuentran en medio de un proceso electoral, entonces Veracruz y Puebla ofrecen un margen abismal de diferencias:
Mientras el gobierno de Javier Duarte tuvo un gasto federalizado por 38 mil 823 millones de pesos , en Puebla ascendió a 31 mil 391 millones. Pero, el primero fue observado por 14 mil 047 millones, mientras que la entidad poblana fue por 809 millones.
Veracruz ha sido sometida a 19 auditorías, mientras que Puebla a 22, de las cuales se desprende que entre 2011 y 2013, la primera entidad aún no ha podido solventar unos 13 mil 456 millones y se han hecho acreedora al inicio de denuncias penales por parte de la ASF, por un monto de 4 mil 770 millones.