Carta de Boston XXVII
El domingo pasado, sin presencia alguna de funcionarios federales, el grupo internacional independiente de expertos dio su informe sobre Ayotzinapa. La conclusión es contundente: el propio Estado ha interferido en el esclarecimiento de los hechos, ocultando y viciando de origen la investigación.
Al día de hoy sólo un alumno ha podido ser identificado, los otros 42 siguen en calidad de desaparecidos. A su vez el grupo forense llamado argentino, pero con expertos de muchos países, ha tirado por los suelos la llamada verdad histórica. El NY Times ha sido claro en sus últimas piezas sobre México: somos nosotros mismos quienes impedimos la justicia, la democracia y dejamos a un lado impunidad y corrupción.
¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Es indignante que siga siendo realidad lo que el novelista policiaco Paco Ignacio Taibo II decía hace décadas: “En México no puede haber novela policiaca, porque los policías no descubren la verdad, la encubren”. Claro, la verdadera novela policiaca mexicana debería tratar no de cómo se resuelve un crimen sino de cómo se envuelve en el secreto para que el culpable no pague y la justicia no se realice. El reciente documental Mirar morir de los hermanos Témoris y Coizta sobre la participación del Ejército en la noche oscura de Iguala es escalofriante. Debe ser visto por todo mexicano, debe representar un grito y una llamada a la acción colectiva.
El 25 de marzo de 2015 en la UNAM Judith Butler vino a hablar de Vulnerabilidad y resistencia a la luz del duelo por los 43 normalistas de la Escuela Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Utilizando sus conceptualizaciones previas sobre cuerpos vulnerables, opinó que si no se puede confiar en la ley o cuando la ley es un régimen violento, hay que enfrentarse a la ley para oponerse, paradójicamente, a la violencia. Butler ha discutido la dignificación de la vida en la muerte en su Vida precaria (2004), al pensar que una vida es vida porque es digna de duelo, digna de recordarse con dolor.
En el México de la violencia arbitraria y sistémica, estatal y del crimen organizado, tenemos derecho a pensar pero también a articularnos políticamente, más allá de la pura movilización. Demandas políticas concretas son lo urgente en nuestro país. En 2017 vamos a conmemorar una Constitución tan llena de enmiendas que ya no nos sirve, no sería mejor proponer desde ahora la posibilidad de sentarnos a repensar nuestra carta magna. Puede parecer utópico, pero aún nos queda un año para lograr consensos en la materia y poder plasmar los mínimos comunes múltiplos de un nuevo contrato social. Pero sólo lo podremos hacer subvirtiendo los supuestos del Estado securitista y violento, particularmente la interpelación a un ciudadano liberal que excluye a todos aquellos que no son dignos, cuyas vidas ni siquiera serían dignas de duelo.
ARCHIVO CUARTOSCURO
Desmantelar los conceptos de clase, de raza, de etnicidad que regulan nuestras mínimas hegemonías simbólicas –la idea misma de mestizaje como forma de control biopolítico– y señalar los procesos neoliberales de acumulación por despojo (David Harvey) antes que aceptar acríticamente la violencia como algo producido sólo por el narcotráfico. De hecho allí donde ha aumentado la violencia le ha seguido un despoblamiento y luego, la mayoría de las veces, la toma de esos territorios o su concesión para el extraccionismo más salvaje y la minería transnacional. Así ha hecho recientemente Alejandro de Coss en un artículo en Horizontal. “La muerte y la acumulación –señala– también se entrelazan en territorios que están sembrados de cuerpos. Las fronteras entre el crimen organizado, las empresas que operan en la legalidad y las instituciones del Estado se difuminan. La minería, el cultivo de amapola y la supresión de la disidencia se entrelazan. En Guerrero, por ejemplo, se ha perseguido, encarcelado y asesinado a quienes han comenzado una lucha contra este estado llamado necrocapitalismo”.
El caso Iguala abre la conciencia del tiempo atroz que vive México, nos obliga a actuar, de inmediato. Son muchos los factores a tener en cuenta, sin embargo y que aquí yo sólo señalo, en un afán más de recopilación que de verdadero esclarecimiento porque estoy convencido de que se debe escarbar muy hondo para encontrar más que una y otra fosa. El narcotráfico se ha convertido en el verdadero poder en muchos estados y municipios del país, toca a todos los partidos políticos. Hoy sabemos, con datos de la Sedena que la modificación del consumo de droga en Estados Unidos ha implicado el aumento de la producción y distribución de opiáceos en México de forma alarmante. Guerrero produce el 93 por ciento de la amapola de nuestro país y en Estados Unidos el consumo de heroína ha aumento 324 por ciento desde 2008.
El temible cártel llamado Guerreros Unidos –producto de una escisión del de Los Beltrán Leyva– en pugna constante con el otro grupo resultado de tal división, Los Rojos, se pelea no sólo por el control de ese estado sino también de Morelos. La cantidad de parientes de miembros de esos cárteles involucrados en la vida política municipal de ambos estados es impresionante. ¿Cuántos Igualas hay hoy en México?
Vale la pena develarlo para detenerlo. El estado de Guerrero ha sido controlado por unas cuantas familias de políticos a lo largo de su historia. Los Figueroa y los Aguirre son la punta del iceberg de una oligarquía política que ha utilizado la represión, la tortura y la violencia como formas de control. El ejercicio de la brutalidad pública como forma cotidiana de hacer política puede verse con toda su horrorosa magnitud en el informe de la Comisión de la Verdad que investigó la mal llamada guerra sucia desde Genaro Vázquez, Lucio Cabañas –exalumno también de Ayotzinapa– y los casos más recientes como Aguas Blancas. Un texto revelador y valiente de 237 cuartillas fechado el 15 de octubre de 2014.
Desde 1974 empezaron a aparecer los cuerpos de personas desaparecidas con muestras de tortura y quemados. Esa práctica del estado es similar a la que utilizan los cárteles y la ignominia de la fosa del basurero de Coyuca y de las otras fosas tiene una historia local que abruma cuando se conoce. “Se les da a tomar gasolina y se les prende fuego”, afirma el documento de la Comisión de la Verdad firmado por Hilda Navarrete Gorjón, Pilar Noriega García, José Enrique González Ruiz, Nicomedes Fuentes García y Apolinar Arquímedes Morales Carranza.
¿Basta la indignación? Creo que no, pero es un termómetro certero. Urge en un país con “hegemonías mínimas”, evaluar las responsabilidades compartidas. Decir que fue el Estado no es suficiente, porque además despenaliza a los verdaderos culpables. Además también hemos sido todos quienes hemos dejado que las cosas lleguen hasta aquí. Se claudicó en el movimiento de regeneración que implicó el cambio democrático en 2000. Los medios dejaron de hacer su trabajo y se unieron a la partidocracia a la que paulatinamente se le iba infiltrando la llamada narcopolítica.
La debilidad institucional en muchos lugares de nuestro país exige una revisión completa del contrato social que nos gobierna. O hacemos eso o esperamos, de brazos cruzados, la alternativa de la revuelta. Pero somos todos, corresponsables, en detener el estado actual.
