Además se involucra al rector Esparza, Agüera, Manzanilla y Vargas Fosado, entre otros; el 85 por ciento de las supuestas irregularidades ya fueron solventadas
Por Mario Alberto Mejía e Ignacio Juárez Galindo
Usurpando funciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Partido Revolucionario Institucional de Puebla, a través de la “sociedad y quienes resulten ofendidos”, ratificará en las próximas horas una denuncia ante la PGR por el delito de peculado en contra del gobernador Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad, candidato de la coalición “Sigamos Adelante”, y “quien o quienes resulten responsables”.
El monto de la supuesta “afectación al fisco federal” asciende a 3 mil 456 millones de pesos, que corresponde a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. En los tres primeros años, los querellantes recurrieron a información pública contenida en el portal de la Auditoría Superior.
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Sin embargo, para documentar las “irregularidades” de 2014 su fuente fue una nota publicada el 19 de febrero de 2016 por el periódico La Jornada de Oriente.
Fuentes del Comité Directivo Estatal entregaron a 24 Horas Puebla una copia de la denuncia. De acuerdo con el artículo 49, inciso IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en caso de que “aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales”, la ASF presentará las denuncias y querellas penales a que haya lugar. En este sentido, el PRI estaría usurpando, a través de terceros, la acción jurídica.
Fuentes de la ASF y del gobierno estatal, consultadas por este periódico, revelaron que se han solventado el 85 por ciento de las observaciones hechas meses atrás y que el 15 restante se encuentra en proceso de aprobación. En otras palabras: de los 3 mil 456 millones observados, 518 millones son los que estarían en etapa de revisión final para su eventual aprobación.
La supuesta gravedad señalada en la denuncia es incluso controvertida por la propia ASF, que en su más reciente Índice de Desempeño del Gasto Federalizado coloca a Puebla como la segunda mejor entidad en el país.
Algunos de los rubros incluidos en la denuncia son Salud, Infraestructura básica, Fondos de Seguridad Pública, Programas Regionales, la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado, el Museo Internacional del Barroco, Recursos Federales transferidos para la Educación Superior, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Capcee y Programas de Escuelas de Tiempo Completo.
En su alegato, los denunciantes –“La Sociedad y Quien o Quienes Resulten Ofendidos”– incluyeron como presuntos responsables de hechos delictivos a José Antonio Gali Fayad, exsecretario de Infraestructura; Roberto Moya Clemente, exsecretario de Finanzas; Jorge Aguilar Chedraui, exsecretario de Salud; Víctor Antonio Carrancá Bourget, exprocurador general de Justicia; Fernando Manzanilla Prieto, exsecretario general de Gobierno; Ardelio Vargas Fosado, exsecretario de Seguridad Pública; Enrique Agüera Ibáñez, exrector de la BUAP; Roberto Rivero, exsecretario de Salud y exdirector del Issstep; José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP; Carlos Alberto Julián Ruiz, exdirector general del DIF; Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública; y Luis Maldonado Venegas y Jorge Alberto Lozoya, ambos exsecretarios de Educación Pública.