La incapacidad administrativa, la irresponsabilidad con sus gobernados, el manejo irregular de los recursos públicos y los oscuros negocios del alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, han quedado al descubierto con el “desfalco” que está ocasionando al gobierno federal, al erario municipal y, principalmente, a 100 de las familias más pobres de ese municipio, por el incumplimiento en la construcción de viviendas rurales de interés social.
De acuerdo con una detallada denuncia y un abultado expediente, cuya copia tiene este columnista, Paisano ha fallado, a seis meses del plazo, con la construcción completa de 100 Unidades Básicas de Vivienda Rural (UBVR) que debió entregar a igual número de familias de la cabecera y varias comunidades el 31 de diciembre de 2015, siendo recursos federales del ejercicio fiscal del año pasado.
Los reportes fotográficos integrados al expediente muestran que las casas, en el mejor de los casos, están en “obra negra”, pero otras ni siquiera eso.
El balance de los supervisores es que, en total, el “estatus global” de avance es apenas de 49.3%. Es decir, ni a la mitad van estas acciones que se otorgaron a la constructora MB Ritchel, SA de CV, que a su vez subcontrató de modo irregular con otras siete empresas a menor precio del que se consideró en el presupuesto aprobado y por el que Paisano recibió recursos federales por más de 6 millones de pesos en la cuenta con Clabe Interbancaria 014650655044888707, del banco Santander.
El pasado 9 de enero de 2015, como muestra la documentación, el edil de San Andrés firmó el convenio para la construcción de 100 UBVR en el que establece que su administración queda a cargo de la ejecución de estas viviendas que se edifican con recursos federales que aporta el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), que se “bajaron” –como se dice coloquialmente– a través de la Delegación en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Los recursos son aportados 60% por el gobierno federal, poco más de 35% por el municipal, pero también un monto, poco menos de 5%, lo pagan los beneficiarios: 100 de las familias más pobres de la cabecera y las comunidades de San Andrés Cholula.
Del total de los 10 millones 500 mil pesos que se requieren para la edificación, el Fonhapo aportó 6 millones 360 mil pesos; 3 millones 730 mil pesos son del erario municipal y 410 mil pesos de los cien beneficiarios, quienes son de la cabecera y las comunidades de Tonantzintla, Cacalotepec, San Rafael Comac, Santiago Xicotenco, San Luis Tehuiloyocan y Tlaxcalancingo.
Cada beneficiario pagó 41 mil pesos para la construcción de su vivienda y tomando en consideración que se trata de “mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar” –según el Programa Vivienda Digna del gobierno de Enrique Piña Nieto–, este esfuerzo representa los ahorros de toda una vida.
A ellos defrauda Leoncio Paisano Arias.
Graves anomalías
El incumplimiento de estas “acciones”, como las llama el convenio y como se describen en las reglas de operación, ponen al presidente municipal de San Andrés Cholula en una situación grave que arrastra al erario de municipal, a los 100 beneficiarios, que esperan una vivienda de manera urgente; al gobierno federal, pero también a dos delegados de la Sedatu: el diputado federal del PRI Lorenzo Rivera Sosa, quien firmó y avaló, como titular de la “instancia auxiliar”, la entrega de los recursos, y al actual representante de esa dependencia en Puebla, Román Lazcano Fernández.
La denuncia que se acompañó con el expediente respectivo, también acusa a Leoncio Paisano Arias; a su secretario de Obras Públicas, Alfredo Roberto González Tzontecomani, y al contralor municipal José Héctor Huerta Calvario, de “proteger” a la empresa MB Ritchel, SA de CV, al “implementar” un “mecanismo” para consentir el incumplimiento en la entrega de las obras y además permitirle, por encima de las normas y reglas de operación, que subcontratara con otras siete constructoras la edificación de las UBVR.
La acusación apunta “a (que) esas empresas se les hizo la promesa de que luego tendrían más obras; sin embargo, los contratistas están desencantados pues se enteraron que cada casa fue contratada en 105 mil pesos, pero a ellos apenas les dieron 75 mil”.
Algo pasa o en algún lugar se quedó el resto de los recursos para esas casas que ni siquiera se han entregado, por lo que la delegación de Sedatu se ha negado a inaugurarlas para no respaldar la simulación a Paisano.
En otros municipios, como Huejotzingo y San Martín Texmelucan, se cortó el listón de estas viviendas, pues a diferencia de San Andrés allá sí pudieron terminarlas a tiempo y sin anomalías.
El problema que Leoncio Paisano ha generado por incapacidad y desaseo en el manejo de recursos federales, municipales y de sus gobernados ha escalado y, en su afán de ocultar las irregularidades, ha despedido incluso a funcionarios municipales que no consintieron o no se prestaron a tapar esta suciedad.
Son los casos de Érick Flores Alvarado, director de proyectos del ayuntamiento, y Hernán Cuaxiloa, supervisor de la Contraloría municipal, sobre quien hay que apuntar que había también denuncias de algunos constructores. La orden de despedirlos, de acuerdo con la fuente, la dio el mismo Paisano.
El alcalde de San Andrés Cholula, quien en privado y en público asegura que el gobernador electo de Puebla, Tony Gali, le debe mucho apoyo y muchos votos en aquella región, debería mejor cuidar lo que hace y lo que pasa en su gestión. No vaya a ser que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus propios gobernados lo señalen ante las instancias judiciales como un defraudador.
Al tiempo.