Por Serafín Castro
Desde una semana antes de que se realizaran las votaciones a gobernador, los cuatro candidatos perdedores presentaron, por separado, denuncias ante los institutos electorales local y nacional en contra de la coalición Sigamos Adelante por rebasar los topes de gastos de campaña.
De acuerdo con columnistas y analistas políticos, dicha estrategia buscaría que la elección llegara a los tribunales y que posteriormente se anulara, toda vez que el Artículo 41 constitucional establece que la causa para anular la elección es demostrar que el candidato ganador haya rebasado hasta con 5% el tope establecido.
Sin embargo y a pesar de las denuncias presentadas, el pasado domingo el triunfo de Tony Gali, abanderado de Sigamos Adealnte, fue contundente con una ventaja de 11 puntos sobre la priista Blanca Alcalá, lo que legalmente hace imposible anular la elección.
El Artículo 41 también establece que la única vía para la nulidad de la elección es que entre el primer y segundo lugar de la votación exista una diferencia menor al 5% de la preferencia del voto.
Por tal motivo, señala el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP, Alejandro Guillén Reyes, dichas denuncias no tendrán mayor efecto que una posible sanción económica en contra de la coalición Sigamos Adelante, en caso de que se demuestre el presunto rebase del tope; pero no la nulidad.
Para la elección de gobernador en Puebla, el Instituto Electoral del Estado (IEE) fijó un tope de 35.8 millones de pesos, lo que significa que independientemente de la cantidad de dinero que un partido o candidato pueda obtener de diversas fuentes, el uso de recursos en campaña está limitado a ese monto.
Durante la última semana previa al cierre de las campañas, el PRI denunció a Gali por haber rebasado el tope hasta 19%; mientras que el PRD acusó un rebase del 100%; en tanto ,la independiente Ana Teresa y Morena pidieron a los órganos electorales que lleven a cabo una investigación al respecto.