Debido a los votos en contra de 59 legisladores el Senado de la República desechó ayer la propuesta original de la iniciativa ciudadana 3de3
Por: Mario Galeana
Con los votos en contra de de las senadoras poblanas Lucero Saldaña Pérez y María del Carmen Izaguirre Francos, suplente de Blanca Alcalá, y de 57 legisladores federales, el Senado de la República desechó ayer la propuesta original de la Iniciativa ciudadana 3de3, que obligaría a los funcionarios públicos a presentar su declaración patrimonial sin pretexto alguno.
En cambio, los senadores aprobaron la Ley de Responsabilidades Administrativas, que si bien exhorta a los servidores a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, éstas podrán reservarse si los funcionarios consideran que la publicidad de dicha información “afecta su vida privada”.
Este candado impuesto a la iniciativa original de las organizaciones civiles fue propuesto por las bancadas del PRI y el PVEM en el Senado.
La iniciativa original habría podido aprobarse de no ser porque un senador se abstuvo de votar, y otros 18 más se encontraban en la sesión pero simplemente optaron por no registrar voto alguno.
Entre estos se encuentra el poblano Manuel Bartlett, quien ocupa un escaño en representación del Partido del Trabajo (PT).
Entre los 59 legisladores que desecharon la propuesta de distintas organizaciones civiles se encuentra Izaguirre Franco, quien ocupa un escaño en el senado desde que Blanca Alcalá Ruiz solicitó licencia para competir como candidata al gobierno de Puebla por el PRI.
Los senadores del PAN y el PRD, entre los que se encuentran los poblanos Javier Lozano Alarcón y Miguel Barbosa Huerta, votaron a favor de la iniciativa original, y criticaron el candado impuesto por el tricolor y el Verde, al considerar que la propuesta no combatiría de manera plena el enriquecimiento ilícito y la corrupción.
En el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que “las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.