La familia de Román y Luis Ángel, dos de los seis levantados del caso Lomas de San Miguel, aún se preguntan si los volverán a ver pues, a cinco meses del esclarecimiento del caso, no tienen prueba alguna de que estén muertos o vivos
Por: Guadalupe Juárez
Algunas ausencias son soportables.
“Preferiría verlo en la cárcel que muerto”, dice una voz cansada por la angustia y la espera de justicia.
12 de noviembre de 2015, 7:15 horas.
—Ahorita vengo, ma’. Voy a ver lo de un trabajo— dijo Luis Ángel Flores Gutiérrez, de 19 años.
—No te tardes— contestó Rosario, su abuelita, quien esa mañana se esmeraba por prepararle su almuerzo como todos los días.
Esa sería la última vez que hablaría con él.

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Cinco meses han pasado desde que la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló el escándalo del empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio, quien junto con un sicario del cártel de Los Zetas, asesinó a seis personas, cuatro de ellos vecinos de la colonia Lomas de San Miguel, presuntamente por robar en su vivienda.
Se trató de una ejecución que captó el interés hasta de los medios internacionales.
Aunque la investigación científica llevó a la captura del gallero y la confesión de su crimen, los familiares de dos de los seis ejecutados e incinerados aún guardan la esperanza de ver con vida a sus parientes.
La razón: Hasta la fecha no han recibido los resultados de las pruebas de ADN para confirmar la identidad de los cuerpos, para que después les sean entregados los restos.
Es más, aseguran que “todos” se han olvidado del caso.
Y ese “todos” incluye a autoridades y medios de comunicación.
“La Fiscalía ni siquiera nos contesta las llamadas. Habían quedado que en menos de dos meses podíamos contar con los resultados y así de una vez tener la certeza de que se trata de ellos, nos dicen que ‘qué más queremos si ya están encerrados’.
“No saber si en realidad están muertos nos mantiene con esta angustia y pues no nos deja continuar con nuestras vidas”, señala Isabel Gómez, madre de Román Limón, uno de los seis asesinados, quien no habría participado en el robo que desató una venganza.
Lo mismo ha pasado con los reporteros de televisión que visitaron a los deudos. Reportajes y entrevistas que nunca se publicaron.
Hasta el altar en memoria de los seis levantados que había en la calle Juan Rojas con las fotos de Román, Pedro, Luis Ángel y Bryan, colonos de esta zona, se ha esfumado, como si nunca hubieran desaparecido.

ARCHIVO 24 HORAS PUEBLA
Inconsistencias
“Nos dicen que son gente con mucho dinero. Y nosotros que no tenemos dinero ¿Cómo le hacemos para que la justicia llegue? Yo todavía me imagino que entro a esta casa y que Román me va a estar esperando”, declara Isabel en entrevista con 24 Horas Puebla por segunda ocasión en la casa, ahora vacía, donde la ausencia de su hijo está presente, al igual que el altar con veladores e imágenes religiosas que todavía está en la sala.
La acompaña Rosario, abuela de Luis Ángel, quien desapareció el 11 de noviembre. El destino de su nieto –según las autoridades – habría sido el mismo que el de su vecino Román.
De acuerdo con los familiares, lo poco que han leído de las confesiones que resguarda la Fiscalía sobre los procesados por el delito de homicidio y secuestro, dos de los ex ministeriales inculpados tenían información de cada una de las acciones de la familia de los seis levantados.

Y a diferencia de la versión oficial –aseguran– ellos no se han declarado culpables y afirman no haberlos matado.
“En una de las declaraciones hasta dicen que así como los iban levantando, les llevaban de comer tortas preparadas, mientras a nosotros nos dijeron que como los iban secuestrando los iban matando, y no, no fue así” (sic).
A decir de los familiares, el letargo de las audiencias de Jorge Aduna Villavicencio para determinar su sentencia, a quien junto con sus cómplices les fue dictado auto de formal prisión, se debería –dicen los deudos– a que no cuentan con las pruebas suficientes de que los restos corresponden a los seis desaparecidos de Lomas de San Miguel, sumado al cambio constante de abogados que tiene el empresario y que ha prolongado que la dicten.
“Nos dicen que hasta pueden salir, porque ya se tardaron mucho. Ya no nos quieren atender, al principio fueron muy atentos y tampoco nos dice nada, se esconden de nosotros. Un día nos dicen que no abrieron los laboratorios, al otro que él (Fiscal) debe firmar para los resultados de ADN, pero que no está”, acusan ambas mujeres.
La desesperación por ser atendidas las ha llevado a sostener reuniones con la Comisión de Derechos Humanos, donde la respuesta se ha reducido sólo a una cita para la próxima semana, lo cual aumenta la esperanza de que estén con vida.

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Amenazas y cambio de vida
Automóviles desconocidos estacionados en la calle Juan Rojas de la colonia Lomas de San Miguel ha obligado a la familia Limón a instalar cámaras de seguridad afuera de su casa y a perseguir a los conductores que manejan aquellos vehículos.
Pero son los mensajes recibidos a través de mensajes de texto y las razones que han motivado que ya no lo hagan más.
“No sigan los autos. Ya olvídenlo”, les dicen.
“Cómo vamos a olvidarnos de un hijo, de un nieto. Eso es imposible. Aquí lo raro es que cómo saben las autoridades que seguimos los autos, nosotros tomamos las placas porque es frecuente que alguien extraño nos vigile”, declara Isabel.
Su hijo, uno de los hermanos de Román que estudió ingeniería en Sistemas también es víctima de lo que ha pasado con su hermano.
Al tratar de encontrar trabajo en el área en la que se tituló la respuesta es “no”, excepto en una de las empresas del mismo Aduna.
“Ahí le dijeron que sí lo contrataban, pero él se dio cuenta de que era de Aduna y mejor salió de ahí sin dejar sus papeles. Ahora mejor se dedica a un negocio de lavado de autos”, relata.
Los parientes de Luis Ángel tienen una historia similar.
Un jueves, su abuela recibió una llamada telefónica donde le pedían miles de pesos por liberar a otro de sus nietos, hermano de Luis Ángel. La angustia de lo que fue un intento de extorsión llevó a la cama a la señora, quien se preguntaba una y otra vez “¿Por qué nosotros?”.
“Yo no pude con eso. Rápido me comuniqué con mi nieto para saber si era cierto, me dijo que no me preocupara, pero después de lo que pasó con mi otro nieto, uno ya vive con esa angustia”.
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Días después de que Luis Ángel desapareciera las noticias de su hallazgo le cortaban la respiración.
Embolsado. Descuartizado. Quemado. Tirado. No había versión alentadora para Rosario, aunque ninguna era cierta.
Ella lo había educado cuando cumplió 12 años, por eso él le decía “Má” y no abuela.

TANIA OLMEDO/AGENCIA ES IMAGEN
Después de su expulsión de la secundaria al ser descubierto consumiendo estupefacientes, los problemas para Rosario llegaron uno a uno e incluso con su esposo, quien le reclamaba que lo defendiera.
El Chico–como le apodaban – había aprendido el oficio de la albañilería de sus vecinos, quienes con frecuencia lo invitaban a trabajar con ellos.
La mañana de su desaparición salió con Pedro, otro de los ejecutados. Ambos habían recibido una oferta de trabajo de un par de sujetos, quienes más tarde los secuestrarían para cristalizar la venganza de Aduna.

“Yo conocía a mi hijo de la puerta para adentro, no sabía si andaba en malos pasos. Nunca se portó mal conmigo, era bueno. Mi error fue no saber quiénes eran sus amigos, luego me decía que iba a las maquinitas o al futbol y yo le creía. Si hizo algo malo lo tenía que pagar, pero no así.
“Un día me dijo mi marido: ‘sigue defendiéndolo y lo vas a ir a visitar a la cárcel’. ¿Y sabe qué señorita? Preferiría verlo una o dos veces a la semana ahí encerrado, pero no muerto y menos así como dicen que lo asesinaron”, concluye Rosario, con la esperanza de que su nieto vuelva a cruzar el umbral de su puerta, de que no esté muerto.
