Por Guadalupe Juárez
Sagrario Cortés Montiel, quien se desempeñaba como empleada de la agencia comercial de Huejotzingo, perteneciente a la zona de distribución de Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunció ser víctima de amenazas, despido injustificado, tortura y privación de la libertad por parte de quienes fungían como sus superiores.
Su calvario inició el pasado 19 de abril. Su superior directo, Pedro García Serrano –jefe del departamento comercial–ingresó a su oficina por la mañana en compañía de nueve personas más para informarle que la relación con la empresa estaba terminada y que tenía que entregar su puesto como agente comercial.
La razón: haber interpuesto un amparo con autoridades federales donde exponía que el superintendente de esta área de la paraestatal, Miguel Herrera Hernández, la había trasladado de manera arbitraria a otro estado.
En esa ocasión –13 de abril– solicitó una justificación del traslado, la cual le fue negada, en cambio su jefe le dijo que su labor en el área “es para personal masculino y no para mujeres, porque sólo tienen capacidad para parir” (sic), según se asienta en el expediente 644/2016, cuya copia está en poder de esta casa editorial.
Después de que el juzgado le otorgara el recurso solicitado, Cortés Montiel continúo con sus labores en la empresa hasta el pasado 19 de abril, día cuando el jefe del departamento comercial le pidió firmar documentos sin permitirle leerlos; hecho que intentó grabar en su teléfono móvil, el cual –asegura–le fue arrebatado.
En la entrega de su puesto, la denunciante asevera que fue víctima de privación ilegal de la libertad, debido a que no la dejaban salir de su oficina, además de que el personal que acompañaba en esa ocasión a su jefe la comenzó a hostigar y amenazar con matarla a ella y a su familia en caso de no firmar los documentos que le entregaban.
Posterior a esto, arribó Elizabeth Luz María Candia y López, quien se identificó como notario público número tres. Ella le garantizó a Cortés Montiel dar fe de las condiciones en las que dejaba la oficina. Sin embargo, la fedataria no le hizo entrega de una copia del acta de fe de hechos.
Días después, al interponer de nueva cuenta un amparo por las violaciones a las que fue sometida, los representantes legales de la CFE presentaron documentos, al parecer, con firmas apócrifas de la demandante, las cuales se encuentran en revisión para el caso.
En la denuncia Sagrario Cortés afirma que luego de ser obligada a abandonar su trabajo ha recibido otras formas de intimidación, como amenazas de ser violada sexualmente, grabarla y exhibirla en redes sociales, en caso de no abstenerse de continuar con el proceso legal iniciado.