Diputado activista
El diputado local del PRI Sergio Salomón Céspedes Peregrina se metió en un auténtico callejón sin salida ante los integrantes de los movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos por participar en la marcha convocada por el grupo Frente Nacional por la Familia, que rechaza la unión civil entre personas del mismo sexo y que puedan adoptar a menores de edad. El legislador es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, lo cual lo obliga a asumir una postura de imparcialidad ante la discusión pública de un tema harto espinoso. ¿Qué justificación tendrá ahora que los activistas le reprochen su participación y le exijan impulsar dicha reforma a nivel estatal?
Un paso atrás
Pues con la novedad de que el PRI poblano decidió, una vez más, meter al cajón del olvido el voluminoso expediente con nombres y apellidos de quienes tracionaron, simularon y dejaron a su suerte a la candidata a la minigubernatura, Blanca Alcalá Ruiz. No es la primera vez que eso ocurre. En el 2013, los priistas redactaron un amplio informe sobre los traidores, pero no tuvo ningún impacto. El único priista que sí está sometido a un proceso de expulsión es Fernando Morales Martínez, quien en la pasada elección se la jugó abiertamente por José Antonio Gali Fayad y trajo por varias semanas a sus homólogos en una discusión totalmente perdida.
Ilusiones priistas
No ha pasado ni un mes de la estrepitosa debacle electoral que sufrió el PRI y ya existen varios priistas que en corto y el público manifestaron su interés por la candidatura a la gubernatura en el 2018. Entre ellos anote usted a Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda federal, quien en las próximas semanas desplegará una serie de acciones permanentes para fortalecer su posicionamiento. Todo, claro, a costa del erario. ¿Será?
Enojo ambiental
Las acciones emprendidas por la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Puebla, a cargo de la priista Laura Zapata Martínez, contra tres centros de verificación vehicular no cayeron nada bien entre las autoridades estatales. Se trata de una medida unilateral y que rompió el principio de trabajo conjunto e intercambio de información.