Estefan y el mensajero
Enfundado en un traje y corbata color guinda, Jorge Estefan Chidiac atravesó el dintel de la oficina del Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación federal, ubicada en Bucareli 99.
Era la mañana del miércoles 6 de julio. Un día nada normal para el poderoso inquilino de la oficina de marras: Jorge Márquez Montes. Hombre acostumbrado a tener su escritorio repleto de informes sobre los temas más espinosos que amenazan con poner en riesgo la gobernabilidad del país.
La presencia del dirigente del Comité Directivo Estatal del tricolor en Puebla no era un accidente.
Al interior del tricolor nacional se gestaba una iracunda rebelión encabezada por el dolido expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y responsable de la estrepitosa derrota del fatídico 5-J, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
El informe era preciso: Don Beltrone no estaba dispuesto a irse del PRI sin antes hacer todo lo posible para cobrarse la afrenta.
Por instrucciones de las más altas esferas del poder en México, Márquez Montes fue encomendado para hacer frente a los disidentes priistas.
La operación estaba en marcha. Los nombres de quiénes llegarían a la dirigencia nacional del PRI comenzaban a circular entre columnistas nacionales.
Pero, en la oficina del poderoso Jorge Márquez estaba el nombre correcto. El indicado.
Jorge Estefan Chidiac tomó asiento y escuchó atentamente el mensaje y la estrategia a seguir.
El nombre apareció en voz del poderoso funcionario: Enrique Ochoa Reza.
Una sonrisa se dibujó en el rostro de Jorge Estefan.
El encuentro terminó sellado en una fotografía.
Una carambola de tres bandas.
¡No me ayudes, compadre!
Vaya problema en el que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, encabezada por Guillermo Haro Bélchez, metió a los gobiernos estatales de la Megalópolis (Puebla, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Distrito Federal). Primero, las autoridades locales se tuvieron que callar ante la presunta violación al convenio de colaboración para la aplicación de la norma emergente tras la contingencia ambiental en el Valle de México, porque la dependencia federal sobrepasó sus facultades al imponer selos de clausura en los centros de verificación vehicular, lo cual trajo un cierre masivo por parte de los concesionarios por miedo a ser sujetos de sanciones. Esto desencadenó la inconformidad ciudadana, sobre todo entre quienes tenían citas programadas para su verificación. Como es lógico, la primera autoridad a la que se le responsabiliza del caos fue la administración morenovallista. La Profepa verá de lejos los problemas y tendrá seis meses para avisarle a los gobernadores de todo lo que halló. ¿Será?