Por: Pascal Beltrán del Río
A raíz del amparo que otorgó un juez para que la policía capitalina garantice el paso en la avenida Bucareli, ha vuelto a discutirse cómo lograr la convivencia entre los derechos de manifestación y los de libre tránsito en la capital del país. Yo estoy con quienes sostienen que ninguno de esos dos derechos tiene por qué prevalecer ante el otro. Ambos son importantes.
Hay dos sitios de la Ciudad de México que son especialmente visitados por los manifestantes: el Zócalo y la sede de la Secretaría de Gobernación. Probablemente, 95 de cada cien marchas tengan como destino uno u otro punto.
Desde que el gobierno capitalino decidió que el Zócalo sólo excepcionalmente puede albergar una manifestación —a raíz de que los integrantes de la CNTE se plantaron allí durante cuatro meses en 2013—, los problemas de movilidad se han centrado en torno del llamado Palacio de Covián.
La recurrencia de manifestaciones llevó a las autoridades federales a disponer de un operativo especial —con vallas metálicas— para evitar que sea sitiada la sede de la Segob.
Al cerrar Bucareli y otras calles de la colonia Juárez se lograba poner a salvo el edificio —propenso, sin duda, a una invasión, pues sus bardas son muy bajas— pero se crea un caos en la zona.
Muchos negocios han tenido que cerrar ante la imposibilidad de que sus clientes puedan llegar con facilidad, y las calles que se usan como vías alternas han sido destrozadas por el peso de los vehículos de carga que usan el eje vial del que Bucareli es parte.
La última vez que la Policía Federal colocó las vallas metálicas en Bucareli, el cierre duró cerca de dos meses y medio, hasta que el juez Ricardo Gallardo Vara ordenó que fueran retiradas, en respuesta a una solicitud de amparo del catedrático de origen holandés John Andrew Auping Birch.
La apertura resolvió el problema a medias, pues, ante la posibilidad de que el Palacio de Covián pueda ser asediado nuevamente por los manifestantes de la CNTE —que se encuentran acampados a unas cuantas cuadras de ahí—, sólo se abrieron dos carriles de los seis que tiene la avenida Bucareli. Para resolver este dilema se podría, por supuesto, reubicar la sede de la Secretaría de Gobernación.
Finalmente, se trata de las pocas carteras en el gobierno federal, cuyas oficinas centrales no han cambiado de lugar en más de un siglo. Pero eso no solucionaría gran cosa, a menos de que se mandara al secretario de Gobernación a despachar al Pico del Águila, en el Ajusco, o algún otro punto remoto de la ciudad.
Lo que tenemos que hacer es poner reglas claras para que tanto los manifestantes como los pobladores que necesiten o deseen circular puedan ejercer sus derechos sin conculcar los de los otros. El marco ideal para hacerlo es la Constitución de la Ciudad de México, cuya redacción dará inicio dentro de pocos días. Ojalá los constituyentes no eviten el tema por ser espinoso. Me parece que hay pocos temas que necesitan una definición de forma tan apremiante.
A diferencia de otras ciudades del país, donde las manifestaciones son exclusivamente sobre asuntos locales, la capital de la República es un lugar donde vienen mexicanos de todos los rumbos a exigir la atención a sus problemas. Y no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial.
Por eso la Constitución de la Ciudad de México no puede dejar de abordar esta situación. Y deben quedar plasmadas en ella las reglas para que convivan los derechos de tránsito y manifestación. En efecto, no queda otra que poner reglas. ¿Cuáles, creo yo? Entre otras, debe quedar estrictamente prohibido —es decir, no formar parte de las libertades de los manifestantes— obstaculizar la circulación en la vía pública sin límite de tiempo. Es decir, marchas sí, plantones no.
La Constitución debería dejar claro que el espacio público es de todos. Y que si los manifestantes desean usar las calles —igual que lo hacen algunos tianguis—, tiene que ser por tiempo limitado.
Poner reglas para manifestarse no implica frenar la libertad de expresión, sino crear condiciones para que todos podamos ejercer nuestros derechos.