Por Mario Galeana
Corre el mes de junio de 2011. Han pasado cuatro meses desde que Rafael Moreno Valle rindiera protesta como gobernador en Puebla, pero el grupo político saliente, que tiene como cabeza a Mario Marín Torres, da los primeros pasos hacia la huida.
En el círculo político suena, por ejemplo, el nombre de Javier García Ramírez: el ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el sexenio marinista, acusado por enriquecimiento ilícito y, hasta hoy, prófugo de la justicia.
En la huida marinista se incluye también el nombre de Lázaro Jiménez Aquino, exfuncionario de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señalado por el otorgamiento desmesurado de permisos para mototaxistas: acción que se habría traducido en un millonario negocio.
Desde aquel junio de 2011, el entonces subsecretario del Transporte desapareció de suelo poblano. El más reciente dato que se tiene sobre su figura corresponde a su nombramiento como delegado general del PRI en Campeche, ocurrido en agosto de 2015.
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Mototaxis, negocio millonario
En su paso por la SCT, Lázaro Jiménez Aquino, quien es esposo de la diputada federal Xitlalic Ceja García, fue el responsable del otorgamiento de alrededor de 3 mil 500 licencias de funcionamiento para mototaxistas.
Cada permiso, de acuerdo con el periodista Fermín Alejandro García, fluctuaba en costos que iban desde los 7 mil hasta los 12 mil pesos.
“Ese periodo fue cuando el número de mototaxistas circulando llegó a más de 3 mil 500 unidades en más de 40 municipios del estado, y para ello mediaron permisos cuyo costo iban de los 7 a los 12 mil pesos. Lo que habría dejado ‘ganancias’ por entre 30 y 48 millones de pesos”, escribió el periodista el 17 de junio del 2011, desde su columna Cuitlatlán.
Ante las irregularidades detectadas con la entrada del gobierno de Moreno Valle, la Contraloría Estatal inició una investigación en contra del esposo de la legisladora federal priista, a quien se señaló de lucrar con los permisos otorgados a los mototaxistas.
El desproporcionado número de licencias brindadas propinó al actual gobierno estatal uno de sus más significativos conflictos. La administración del estado retiró los mototaxis, que no se encuentran considerados como vehículos aptos para la prestación del servicio de transporte, lo que derivó en múltiples protestas ejecutadas por los concesionarios.
Jiménez Aquino halló como aliado en el otorgamiento de las licencias de mototaxis al entonces jefe del Departamento de Logística de la SCT, Miguel Alcántara Silva, quien fue inhabilitado de cualquier cargo público por un periodo de 12 años y que, de no ser por el perdón que otorgaron los mototaxistas agraviados en 2012, habría pisado la cárcel.
Jiménez Aquino y López Zavala
Las acusaciones contra el ex subsecretario de la SCT no terminan en el otorgamiento de licencias para mototaxis.
De acuerdo con un reportaje publicado en 2007 por La Quinta Columna de la pluma de Mario Alberto Mejía, director de esta casa editorial, Jiménez Aquino formó parte de una red de posicionamiento a favor del ex candidato del PRI al gobierno de Puebla en 2010, Javier López Zavala.
La supuesta red, bautizada como Proyecto Z, buscaba posicionar electoralmente a López Zavala bajo la operación de funcionarios estatales como el entonces secretario de Desarrollo Social, Alejandro Armenta Mier, o Gerardo Mejía, quien fungía como director de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El grupo, cuya conformación se le atribuye al propio Jiménez Aquino, según el material periodístico, formaba comités en distintas regiones del estado para condicionar apoyos del gobierno estatal a cambio de convertir a los beneficiarios en posibles operadores electorales priistas.
La supuesta operación, sin embargo, fue infructuosa. Para febrero de 2011, Moreno Valle tomaba protesta y, cuatro meses más tarde, los marinistas emprendían la huida.