Declaraciones concretas de la madre de la legisladora en documentos oficiales del litigio echan abajo la versión esgrimida por la diputada
Staff 24 horas Puebla
Una serie de pruebas periciales puso en jaque la estrategia jurídica de la diputada local de Compromiso por Puebla, Sara Camelia Chilaca Martínez, para arrebatar a sus familiares de la fortuna de 30 millones de pesos que amasaron durante años sus padres, entre los que se encuentran varios inmuebles en San Pedro Cholula.
Los documentos –que obran en poder de 24 Horas Puebla– dan cuenta que la madre de la legisladora no padece ningún tipo de maltrato, lo que impediría que las autoridades ministeriales procedan con el delito de violencia familiar y eso elimine los derechos de herencia de los hermanos de la legisladora.
El pleito se reduce, entre otras cosas, a una vivienda ubicada en la 3 Poniente 301, a unas cuadras del zócalo de San Pedro Cholula.
Según documentos a los que este medio tuvo acceso, fue el pasado 18 de enero cuando la también presidenta de la Comisión de Protección Civil en el Congreso local acudió en compañía de su padre Juan Chilaca Arenas a la notaría 24 para concretar la donación de esa propiedad a favor de ella y su hija Adriana Estefanía Guevara Chilaca.
Para lograr la consolidación y donación a título gratuito, Juan Chilaca –quien falleció el 16 de marzo– acudió con un poder apócrifo y la credencial de elector de su esposa Enriqueta Martínez Espinosa, los cuales habrían sido obtenido mediante engaños de Sara Chilaca.
Uno de los argumentos que hicieron sospechar a los familiares de la irregularidad en la donación es que su padre padecía del síndrome de Parkinson en etapa terminal, lo cual le habría imposibilitado plasmar su rúbrica en los documentos notariales.
En la vivienda actualmente habitan Yesenia, Araceli y Marisol Chilaca Martínez, así como la madre de todas ellas, lo cual hace imposible a la legisladora local la posesión del inmueble. Para hacer frentea eso, Adriana Estefanía Guevara Chilaca se ha valido de acciones como el corte de agua y electricidad como medidas de presión para que se salgan del inmueble.
Denuncias familiares
La acción jurídica de Sara Chilaca también incluyó el inicio de una averiguación previa (1949/2016/ASEX) en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales, en las que involucraría a sus hermanas en un supuesto caso de violencia familiar y privación ilegal de la libertad en contra de su propia madre.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, la estrategia de la diputada local consiste en que el Ministerio Público encuadre los delitos a fin de que Marisol, Yesenia y Araceli sean encontradas responsables de violencia intrafamiliar y, por ende, pierdan todos sus derechos hereditarios, sean desalojadas de la vivienda y se concrete la donación.
Sin embargo, el informe pericial psicológico practicado a Enriqueta Martínez, asentado con el número PSI-338-BIS/2016 y elaborado el 30 de junio por Ariana Herrán Álvarez, establece que la adulto mayor manifestó todo lo contrario a la denuncia de la legisladora de Compromiso por Puebla. Es más, relata que si bien vivía con ella decidió buscar el cuidado de Yesenia, Marisol y Araceli porque estaba “aburrida” y “chocada” de la atención que le daba la demandante.
“Mi hija Sara se enojó de que me fui con mis otras tres hijas y ella vino a decir que me pegan mis otras tres hijas, con mis hijas con las que vivo me tratan muy bien… y tienen más tiempo para estar conmigo… mi hija Sara también me trataba bien solo que era mandona. Si quería que fuéramos (a algún lugar) íbamos aunque no quisiera”, relata Martínez Espinosa.
En su declaración, la mujer deja muy en claro su percepción del problema: “Pido que se acabe esto. Yo quiero estar en mi casa, que no me estén molestando, quiero que me dejen en paz. No quiero ver a Sara, es grosera, dice que yo le fui a gritar pero eso no es cierto”.
Y por si fuera poco, el informe echa abajo la denuncia: “(Enrique Martínez) se presenta en adecuadas condiciones de higiene y aliño personal, su postura es relajada, con un tono de voz medo (sic), se torna tranquila al momento de narrar los hechos por los que se encuentra aquí. No presenta sintomatología asociada a una afectación psicológica y/o emocional a consecuencia del delito de violencia familiar, por lo que no requiere atención psicológica”.
La otra querella
La acción jurídica de Sara Chilaca también se extendió a una denuncia penal por los delitos de amenazas y despojo y aunque fue contra quien resulte responsable, los principales señalados son sus hermanos Joselito, Fernando y Araceli, a los dos primeros les endilga supuestas amenazas de muerte, una de ellas incluso refiere a una persona conocida como El Azul para que proceda a su ejecución, así como la contratación de guaruras para tal fin.
A su hermana Araceli la responsabiliza de inducir a sus hermanos a “un injustificado odio” en su contra.
“Tengo temor fundado de que mis hermanos, inducidos por un injustificado odio generado aparentemente por mi hermana Araceli Chilaca Martínez, cumplan sus amenazas consistentes en hacerme daño en mi persona, familia o patrimonio, generándome una situación de pánico que afecta mis relaciones con mi propia familia, motivo por el cual formulo la presente denuncia”, asentó la diputada local.
El texto, además, establece que el presunto despojo de la vivienda en disputa ocurrió el pasado 11 de mayo pero no pudo acceder debido a que cambiaron las chapas y la configuración del control remoto, además de que sus hermanas Yesenia, Marisol y Araceli se fueron a vivir a ese lugar.