El alcalde Rogelio Roque hizó mutis sobre investigaciones por la presunta falsificación de documentos para adquirir predios
Por Mario Galeana
El alcalde de Nopalucan de la Granja, Rogelio Roque Torres, huyó de la prensa mientras era cuestionado acerca de la denuncia que enfrenta por la posible falsificación de un contrato para hacerse de un predio de cinco hectáreas en el municipio que gobierna.
El presidente municipal priista acudió ayer a la sede del Congreso de Puebla pero, ante la presencia de los medios y la solicitud de una entrevista, dijo que “tenía prisa, pero mejor otro día, con más calma”.
Acto seguido, emprendió la rápida huida por la parte trasera de la sede legislativa, es decir, en la zona donde se encuentran el estacionamiento para los trabajadores del Congreso local.
Mientras se escabullía, Roque Torres fue cuestionado reiteradamente sobre la denuncia que enfrenta por el supuesto delito de simulación de actos jurídicos, pero el mutismo siempre sobrevino con cada pregunta.
“Alcalde, ¿qué opina sobre la denuncia que se presentó ante la Auditoría en su contra? ¿Falsificó usted algún documento para conseguir un predio ejidal? ¿Busca los derechos ejidales del terreno?”, fueron algunas de las preguntas lanzadas al edil de Nopalucan de la Granja.
Los hechos
Acusaciones sobre nepotismo en su gestión como alcalde municipal, posible tráfico de influencias y un inexplicable crecimiento en su patrimonio personal han sido las causas por las que, en distintos medios informativos, se ha bautizado a Roque Torres como “El Varguitas de la Política Poblana”, en alusión al personaje principal de la película La ley de Herodes.
A los señalamientos anteriores se suma una denuncia presentada por un ejidatario ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), quien acusa que su firma fue falsificada en una solicitud que Roque Torres presentó ante el Registro Agrario Nacional (RAN) para conseguir los derechos de un predio en el municipio de Nopalucan.
El terreno fue adquirido por el Ayuntamiento en 2006, pero la solicitud presentada ante el RAN –que fue rechazada– sólo buscaba otorgar los derechos ejidales a Roque Torres, lo que constituye, a decir de la defensa legal del ejidatario, un claro hecho de corrupción.