A principios de semana, Jonathan Ruiz escribió en su columna en El Financiero que se preparan créditos hasta por 50 mil pesos para asuntos de eficiencia energética y energías renovables, cuyo mercado sería la población que gana once mil pesos mensuales o menos.
En un principio, para quienes estamos a favor de la transición energética hacia energías renovables, parecía una buena noticia. Si seguimos leyendo, el columnista habla de 14 empresas que estarían autorizadas para hacer la instalación de sistema fotovoltaicos por lo que, a juicio del autor, la competencia estaría garantizada.
Creo que el asunto merece un mejor análisis.
La exposición de motivos de la reforma energética presentada por el PAN explica que los cambios podrían generar alrededor de cien mil empleos. El origen de esos empleos estarían en dos áreas: gas/aceite de lutitas y el sector eléctrico.
El sector eléctrico puede aportar empleos por la creación de nuevas empresas para la generación de energía eléctrica. En ese sentido, la energía solar es la que más empleos produce. Según EuProSun, se generan hasta 30 empleos por MW de capacidad instalada de energía solar.
La energía solar puede generarse por uso de calor o por fotovoltaico. A su vez los sistemas fotovoltaicos pueden funcionar en grandes parques o en casas, lo que se ha llamado generación distribuida.
La generación distribuida a su vez puede ser aislada de la red o interconectada.
Los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red disminuyen el monto de facturación del usuario, la dependencia de la red, la energía que se compra a grandes generadores, entre los que están los que usan combustible por lo que, al final, disminuyen los gases de efecto invernadero librados por la generación de energía.
A pesar de los beneficios económicos a mediano plazo, los sistemas fotovoltaicos siguen siendo costosos. Es por ello que se recomienda su adquisición a aquellos que su consumo está en el nivel tarifario Doméstico de Alto Consumo (DAC), así como a las empresas grandes o PyMES con alto consumo eléctrico.
A los pequeños consumidores con subsidio, que no entran en estas dos clasificaciones, se les puede sustituir la reducción en la facturación por un crédito para la adquisición de sistemas fotovoltaicos. Esto permitiría desaparecer el descuento en el mediano plazo (cuando se terminen de pagas los paneles) y mantener una tarifa baja, pues lo que antes aportaba el gobierno, ahora sería proporcionado por el sol.
Los créditos que anunció Jonathan Ruiz en su columna van por este último camino. Sin embargo, si tan sólo catorce empresas darán el servicio, el crecimiento del sector se restringe de forma innecesaria. Si bien, sectores como el de las telecomunicaciones requieren de grandes redes y por tanto de empresas relativamente grandes, la implementación de sistemas fotovoltaicos no requiere de ser dueño de la red, sino de proveedores con la capacidad técnica necesaria para instalarlas, que en este país hay cientos. Con todo el poder económico que pudieran tener esas catorce empresas, difícilmente lograrían el alcance logístico y la penetración que estos cientos de PyMEs pueden tener.
Finalmente, la obligación de contenido nacional (que es una parte de la actividad empresarial que debe ser aportado por empresas mexicanas) establecida en la reforma energética hace que los grandes empresarios del sector solar sean beneficiarios al ser fabricantes y vendedores de los sistemas fotovoltaicos. Pero dejar el negocio sólo a catorce empresas, excluyendo a las PyMEs iría en contra del espíritu de la propia reforma energética: crear empleos.
Una de las ventajas de la energía solar fotovoltaica es que permite la “democratización” de la energía. Una medida que impulse sólo a catorce empresas será limitativa en esa democratización. Pero además, irá en contra del espíritu del legislador, lo que la hará más débil ante los ataques a la ya de por si mal entendida reforma energética.