El paquete de 12 reformas posibilitará un tribunal de justicia administrativa y una Fiscalía especializada en combate a la corrupción
Por Mario Galeana
Con un voto en contra y una abstención, el Congreso de Puebla aprobó ayer el Sistema Estatal Anticorrupción, que prevé la presentación de la declaración patrimonial y de intereses de funcionarios públicos, la creación de una Fiscalía Anticorrupción, un Consejo de la Judicatura y un Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos integrantes serán nombrados por el titular de la próxima administración estatal, José Antonio Gali Fayad.
A nombre del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada Patricia Leal Islas recriminó el voto en contra de la perredista Socorro Quezada Tiempo y la abstención de Julián Peña Hidalgo, de Movimiento Ciudadano, a quienes acusó de no tener interés en el análisis sobre la creación de la instancia que sancionará hechos de corrupción.
Desde la tribuna legislativa y en entrevistas por separado, Socorro Quezada Tiempo y Julián Peña Hidalgo explicaron que el sistema aprobado es “incompleto”, pues no incluye la revocación del mandato ni la eliminación del fuero para servidores públicos, como sí ocurrió en otras entidades del país.
La bancada del PRI, en cambio, cuestionó que el nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción recaiga en el fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, pues consideraron que el Congreso poblano era el órgano mejor facultado para avalar esta designación.
El diputado panista Pablo Rodríguez Regordosa reprochó al tricolor argumentando que cuando el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue discutido en el Congreso de la Unión, éste “lamentablemente fue rasurado por los colegas del PRI”.
Y recordó, además, que el nombramiento que realizará el fiscal Carrancá Bourget podrá ser impugnado por las 41 curules del poder legislativo en Puebla.
Lo nuevo
La aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción anticipa la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa autónomo, integrado por tres magistrados que serán designados por Gali Fayad, aunque su ratificación quedará en la esfera del Congreso local.
Los magistrados durarán en el cargo 15 años y estarán facultados para imponer sanciones a servidores públicos por responsabilidades administrativas e, incluso, fincar indemnizaciones a los responsables de posibles irregularidades.
Cuando existan faltas administrativas graves, serán investigadas por la Auditoría Superior del Estado y resueltas por este tribunal. Si se trata de faltas no graves, serán reguladas por los órganos internos fiscalizadores de cada instancia.
El sistema también prevé la creación del Consejo de la Judicatura, que tendrá como presidente al actual titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, y cuyos miembros serán designados por el Pleno de éste mismo órgano.
Contará, también con un comité consultivo integrado por dos personas, nombradas por el Congreso local y el gobernador en funciones.