Por Serafín Castro
Tan sólo un par de días de que el rector de la UPAEP,Emilio José Baños Ardavín, durante su informe de labores, se pronunciara en contra de la corrupción existente en el país, calificándola como “actos criminales”, se dio a conocer que la institución a su cargo enfrenta dos denuncias, una por fraude y la otra por daños a la propiedad industrial.
Directivos de la firma Elvan de México SA de CV presentaron una demanda en contra de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), debido a que en 2013 la empresa pagó a la casa de estudios un millón 914 mil pesos por
la compra de un glucómetro y una impresora térmica.
Sin embargo, en 2014 –una vez que la UPAEP entregó los equipos a la empresa– los directivos encontraron deficiencias en el ensamblado, además de que los aparatos no funcionan adecuadamente.
De acuerdo con el portal de noticias e-consulta, los equipos tenían componentes pirata, que habrían sido tomados de un proyecto difundido en internet y que no pueden ser reproducidos, ya que están patentados.
La investigación del medio electrónico revela que Lilia Vásquez Juárez y Juan Carlos Sánchez Vázquez, gerente general y director de proyectos de Elvan de México SA de CV, respectivamente, acusaron que la UPAEP incurrió en violaciones al convenio al difundir y presentar como propios los documentos, mapas y archivos que dieron origen al glucómetro, por lo que solicitaron el reembolso de la cantidad pagada.
Sin embargo, de acuerdo con los directivos, la UPAEP se negó a devolver el monto de los aparatos, por lo que la empresa decidió recurrir mediante una querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y otra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
Otra arbitrariedad que encontraron es que la investigación Miniaturización de sistema para análisis clínico de glucemia fue presentada como tesis doctoral de Juan Gabriel Porras Cruz, trámite avalado por la coordinadora del Postgrado de Mecatrónica de la UPAEP, María del Rubí Salazar Amador.
Dicha irregularidad llevaría a la empresa a interponer otra demanda en contra de la institución académica por el supuesto plagio, pues la citada tesis doctoral y la investigación que la empresa pagó a la universidad son idénticas.