Esfera Pública
Por Elías Aguilar / @Elyas_Aguilar
Las tres preocupaciones ciudadanas que han crecido en la percepción de los mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto son la impunidad, que pasó de 7 % en 2013 a 20%, un crecimiento de 13%; el tema de salud, que pasó de 26% a 30% en el mismo periodo, y la inseguridad, que pasó de 58% a 59% (Vease la tabla).
Las causas del crecimiento del tema de impunidad como preocupación son diversas, pero se puede inferir que una está relacionada con el partido político del presidente Peña Nieto. Es claro que junto con el arribo del PRI en 2012 a la Presidencia de la República, llegaron las narrativas de corrupción que amplios sectores de la sociedad comparten acerca de ersonajes de este instituto político; la misma contienda electoral que permitió el triunfo de Peña Nieto fue impugnada por la Coalición Movimiento Progresista encabezada por López Obrador basándose en una supuesta compra de votos, rebase de topes de campañas, acceso indebido a medios de comunicación. Aunque no logró la anulación del resultado, sí contribuyó a la percepción de que el PRI llegó a Los Pinos con trampas, que abonaron a las narrativas de que en nuestro país las leyes sirven para todo, menos para castigar a quienes infringen la ley.
Otro factor relevante del tema de impunidad es, sin lugar a dudas, la dupla de casos más relevantes de este tiempo: los 43 normalistas desaparecidos y la adquisición de
la llamada “casa blanca” a través de un contratista importante del gobierno mexiquense en tiempos de Peña Nieto como gobernador y en la esfera federal, como presidente.
Si la impugnación de Andrés Manuel López Obrador incentivó la percepción de que el Partido Revolucionario Institucional llegó a través de la compra de votos sin recibir sanción importante, como lo sería la anulación de la elección, la desaparición de los 43 normalistas, y, sobre todo, el escándalo de la “casa blanca”, ampliaron la percepción de que no sólo el presidente sino cualquier funcionario público puede incurrir en corrupción y no recibir castigo alguno.
La preocupación ciudadana de la impunidad con estas cifras en la percepción de los mexicanos nos sirve también para entender la importancia que tienen los juicios políticos y penales que se les sigue a algunos exgobernadores en la agudización de este fenómeno en el sistema político mexicano.
Lo que el sistema judicial logre hacer en contra de los exgobernadores Padrés, del estado de Sonora; Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua, necesariamente se verá reflejado en qué tanta eficiencia perciben los mexicanos de un sistema ya muy cuestionado.
Por la señales que se ven –un Guillermo Padrés que no aparece, un Javier Duarte que se defiende y al que probablemente sólo se le inhabilite para el ejercicio de cualquier cargo público, con Roberto Borge y César Duarte, contra quienes no se menciona proceso alguno– probablemente habrá como resultado más impunidad y, por lo tanto, un incremento en la percepción de que la falta de castigo al corrupto es la regla que marca al sistema mexicano.
El tema de impunidad tiene consecuencias sociales y electorales. En el tema social se puede intuir, sin probarlo empíricamente, que la ola de delitos y violencia que azota al país en este momento tiene en su raíz a la impunidad como un factor importante; ante la falta de un aparato que castigue ejemplarmente a quienes violan la ley, no hay una motivación para cumplirla, por el contrario, se vuelve un incentivo para violentarla. Electoralmente, el tema lo usa López Obrador y en los próximos meses tendrá infinidad de oportunidades para usarlo en la ruta a la tan buscada silla presidencial.
