El uso del programa federal con usos propagandísticos en favor de Lastiri Quirós ameritaría sanción
Por Mario Galeana
El uso político que el subsecretario federal Juan Carlos Lastiri Quirós y la asociación civil Mentes Emprendedoras, Innovando México han dado al programa federal Un Cuarto Más podría implicar los posibles delitos de nepotismo y utilización de recursos públicos con fines electorales, consideró el ex director general de legalidad del Órgano de Fiscalización Superior de Puebla (hoy Auditoría Superior del Estado, ASE), Armando Arturo Torijano Torres.
La asociación civil, que tiene como presidente fundador a Juan Carlos Lastiri Jr., ha construido presuntamente con recursos federales cuartos adicionales para familias de escasos recursos, promocionando el lema con el que el subsecretario federal impulsa sus aspiraciones al gobierno del estado en 2018, Caminando Puebla, sin informar que se trata de un programa del gobierno federal.
En entrevista con 24 Horas Puebla, el abogado consideró que el parentesco sanguíneo que existe entre el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedatu) y el presidente fundador de Mentes Emprendedoras, Innovando México, implica un posible acto de nepotismo que “cualquier persona estaría inclusive obligada a denunciar”.
“En este acto hay dos irregularidades. La primera es en el ámbito penal que dé cuenta, efectivamente, del nepotismo con el que esta persona (Lastiri Quirós) conduce los recursos de naturaleza pública”, opinó.

Torijano Torres explicó que, además de la denuncia por el posible delito de nepotismo, los partidos políticos podrían promover ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Electoral del Estado (IEE) una denuncia por la posible utilización de recursos públicos con fines propagandísticos.
“La segunda irregularidad ocurre, digamos, en el ámbito administrativo-político. Las mismas autoridades electorales, que regulan la convivencia entre los partidos, podrían dar cauce a otra denuncia. Y ésta podría prosperar”, señaló.
El encargado de la responsabilidad jurídica del extinto Órgano de Fiscalización Superior de Puebla agregó que las irregularidades en la operación del programa federal “escapan” a la fiscalización, puesto que, visiblemente, no ha habido una malversación de recursos federales en el mismo.
“Los recursos no se están malversando como tal. No se están desviando del fin y objeto para el que fueron etiquetados, porque la misma Sedatu los está canalizando. El problema radica en el posible nepotismo, y en lo político-electoral", subrayó.
