La alerta de violencia de género contra la mujer fue publicada a nivel federal en 2007, cuando el gobierno marinista apenas llevaba dos años y la entidad poblana se encontraba sumido en la situación más álgida en cuanto a reportes por féminas extraviadas
Alejandro Juárez
Pese a que durante sus primeros cinco años de gobierno existían reportes sobre la posible desaparición de más de tres mil mujeres poblanas, cuya ausencia –según la Cámara de Diputados– podría haber estado engarzada en el delito de trata de personas, el ex mandatario Mario Marín Torres omitió la posibilidad de emitir de una Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM).
El mecanismo fue incluido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia durante 2007, es decir, cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla registraba la desa-parición de mil 638 féminas, sólo durante los primeros dos años del gobierno de Marín Torres.
Las cifras se desprenden del estudio Mujeres Desaparecidas en Puebla. Informe 2005-2009, elaborado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana (UIA) de Puebla, donde se indica que, para los primeros cinco años del gobierno marinista la Procuraduría General de Justicia de Puebla tenía tres mil 323 mujeres desaparecidas.
Pese a lo anterior, el ex gobernador priista fue uno de los que omitieron la posibilidad de promover la declaratoria de la AVGM, pese a que en otras entidades del país, como el Estado de México –que entonces era gobernado por Enrique Peña Nieto– autoridades federales y estatales debatieron largamente sobre la situación de la violencia de género.
De hecho, 2007, el año en que fue proclamada la AVGM fue, también, el año en que se registró la mayor cantidad de reportes por mujeres no localizadas en Puebla durante el sexenio anterior: 42.32% de los 3 mil 323 casos.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la AVGM es definida como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado”.
Dos años más tarde, en noviembre de 2009, el entonces procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, declaró a los medios de comunicación que el paradero de estas mujeres se desconocía porque (las autoridades estatales) “no sabemos si se fueron con el novio”.
En marzo de 2011, dos meses después del último informe de gobierno de Marín Torres, la entonces presidenta de la Comisión Especial de la Lucha contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados, Rosi Orozco, se dijo “horrorizada” por la explotación sexual cometida en contra de las mujeres durante el mandato del último gobernador priista en Puebla.
De los 62 casos de explotación sexual abordados por la comisión del Legislativo federal en ese entonces, expuso Orozco, al menos la mitad correspondía a mujeres poblanas.
La hoy presidenta de la organización Comisión Unidos contra la Trata aseguró que los policías ministeriales cometieron violaciones en contra de algunas de las víctimas por violencia de género, por lo que, a su parecer, funcionarios estatales y el mismo gobernador debían ser investigados.
“En el estado de Puebla horroriza el grado de explotación sexual que existe en contra de menores de edad, que se convierten en víctimas de trata”, consideró la activista.