Por Mario Galeana
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ratificó el triunfo del gobernador electo de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y declaró “infundados, ineficaces, insuficientes e inatendibles” las quejas que PRI, PRD, Morena y la ex candidata independiente Ana Teresa Aranda Orozco presentaron para anular el proceso electoral en general de este año.
Los magistrados determinaron, en sesión extraordinaria, que los impugnantes no acreditaron ni ofrecieron pruebas suficientes para demostrar inequidad o violaciones meritorias para invalidar la elección.
Luego de que el TEEP resolviera las impugnaciones –plazo que vencía ayer– , ahora corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificar los resolutivos emitidos a nivel local.
Tras el fallo, los representantes jurídicos del PRI y de Aranda anunciaron que impugnarán a nivel federal las resoluciones estatales, pues consideraron que los magistrados electorales locales no explicaron con precisión el motivo para desechar las quejas.
A través de los juicios TEEP-I-002/2016, TEEP-I-004/2016, TEEP-I-005/2016, TEEP-I-007/2016 y TEEP-I-012/2016, el PRD buscó anular la elección por el supuesto rebase de tope de campaña de Gali Fayad, “así como la intromisión de recursos de procedencia ilícita”.
A través de los procesos TEEP-I-008/2016, TEEP-I-009/2016 y TEEP-I-010/2016, Morena demandó un nuevo cómputo en algunos distritos del estado, pues a su parecer, paquetes electorales habían sido manipulados para beneficiar al partido local Compromiso Por Puebla (CPP).
En el folio TEEP-I-011/2016, Aranda arguyó que su candidatura había intentado ser impedida por “cinco consejeros (electorales) al servicio del Estado”, además de que exigía la elección debía ser anulada por el “uso de recursos públicos en la entrega de uniformes, mochilas, tanques de almacenamiento de agua, reembolso de fotomultos y el pago de agua”, que buscaban “coaccionar el voto del electorado”.
El Revolucionario Institucional, por su parte, buscó inhabilitar al magistrado Fernando Chavalier Ruanova, a quien señalaban de supuesta imparcialidad al haber fungido como apoderado legal del diputado panista Mario Rincón González.