De 2005 a 2009, tres mil 323 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el estado, las autoridades minimizaron los casos al clasificarlos como temas pasionales y vincularlos con la trata de personas
Por Mario Galeana
Los primeros cinco años de gobierno de Mario Marín Torres dejaron la ausencia de más de tres mil mujeres, que no volvieron a sus casas, trabajos y escuelas.
La desaparición de las miles de mujeres poblanas evidenció no sólo la incapacidad de una administración para brindar información certera sobre la violencia de género, sino también un claro sesgo en la aplicación de la justicia, que atribuía los casos a motivos pasionales.
“No sabemos si se fueron con el novio”, se recuerda haber dicho al entonces procurador de Justicia de la administración marinista, como yace en el estudio Mujeres Desaparecidas en Puebla. Informe 2005-2009, elaborado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
La desaparición de miles de mujeres no despertó en ese entonces, como podría pensarse, la rápida actuación de las autoridades estatales, sino más bien un extraño hermetismo enraizado por el escándalo que manchó –mancha– los primeros años de gobierno de Marín Torres y su carrera política: el caso Lydia Cacho.
La desaparición de mujeres
Desde su llegada a Casa Puebla, el gobierno de Marín Torres registró en promedio, a lo largo de cinco años, la desaparición de dos mujeres al día.
Mediante una solicitud de información promovida por la reportera Kara Castillo, la Unidad de Acceso a la Información de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla dio a conocer que familiares y amigos reportaron la ausencia de tres mil 323 mujeres, en su mayoría jóvenes de 13 a 29 años, que salieron de casa sin dejar rastro.
Según los datos oficiales, que abarcan desde enero de 2005 hasta junio de 2009, el 40.5% de las desapariciones correspondía a adolescentes de 13 a 17 años, es decir, mil 273 de las tres mil 323 registradas.
Otras 902 jóvenes de entre 18 a 29 años (28.7%) también fueron reportadas como desaparecidas. Y 293 niñas de 0 a 12 años (9.3%) corrieron la misma suerte.
Las cifras marcan al 2007 como el año más agudo para ser mujer en el estado: 43.2% de las desapariciones se registraron en este periodo.
En 2005 se registró el 1.9% de los casos y en 2006 un 4.2 % más. Luego, en 2008, los reportes por desaparición sumaron un 32.6 % del total de los casos y, finalmente, hasta el séptimo mes de 2009, se agregó un 18.1 % de expedientes más.
La información proporcionada, que fue recopilada en el estudio elaborado por las investigadoras María de Lourdes Pérez Oseguera, Anahí Espíndola Pérez, Mónica Isabel Ruiz Florez y Denisse Ariana Larrondo de Martino, no generó una rápida respuesta por parte de las autoridades estatales.
En noviembre de 2009, el entonces procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, dijo que “no sabemos si se fueron con su novio”.
A decir de las autoras de Mujeres desaparecidas en Puebla, estas frases de las entonces autoridades estatales “muestran el desdén que se tiene frente a los casos de mujeres extraviadas, cuando el hecho de desaparición amerita el involucramiento de diferentes sectores y niveles sociales”.
Dos meses más tarde, en enero de 2010, durante una comparecencia en el Congreso local, Igor Archundia Sierra minimizó los casos registrados al asegurar que estos no sólo incluían reportes por desapariciones, sino también de personas extraviadas y que fueron reportadas a Locatel.
Según las autoridades, tres mil 290 mujeres hasta entonces ya habían sido localizadas, mientras que otras 33 mujeres continuaban desaparecidas.
Pero la respuesta, tardía, no generó certeza entre las organizaciones de la sociedad civil que protegen los derechos humanos.
El Observatorio universitario, por ejemplo, detectó que sólo de enero a octubre de 2006, el registro de denuncias presentadas por desaparición de personas alcanzaba la cifra de 123.
Velos sobre el escándalo
La noticia sobre las más de tres mil mujeres desaparecidas fue vinculada de forma directa a las redes de trata de personas que operaban en Puebla y Tlaxcala.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Puebla era, desde 2010, un lugar de explotación sexual y pieza del camino de tráfico de personas en el país.
A través del estudio de cuatro casos en específico, las autoras de Mujeres desaparecidas en Puebla detectaron un puñado de malas prácticas por parte de las entonces autoridades ministeriales en los protocolos de búsqueda de víctimas.
Una era, por ejemplo, “posponer la investigación 24 o 48 horas después y a condición de la ratificación de la familia”. O “mantener la búsqueda en privado” y “no brindar apoyo psicológico a los familiares”.
En el transcurso de la investigación, las académicas del Observatorio identificaron que gran parte de los casos de no localización de mujeres obedecía a que éstas habían decidido abandonar sus hogares.
“En algunos casos, donde se registran antecedentes de violencia, las mujeres deciden ‘voluntariamente’ desaparecer, huyen, ya sea para desprenderse de un ambiente adverso o por la violencia simbólica que imprime el desconcierto en su vida”, precisa el estudio.
Las investigadoras promovieron solicitudes de información con el propósito de entender el entorno de las denuncias por desapariciones y el registro de personas no localizadas, pero la administración estatal marinista fue hermética.
“Esta tarea de investigación resultó difícil por la carencia de información y la falta de fluidez en la comunicación con el gobierno de Mario Marín Torres, que se volvió hermético ante la presencia de un nuevo escándalo vinculado con actos de violencia contra las mujeres”, explican las investigadoras.
En 2006, con la filtración de unas conversaciones telefónicas, quedó expuesto que Marín Torres operó la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho, quien denunció una red de pederastia infantil liderada por el empresario Jean Succar Kuri en la cual estaba vinculado El Rey de la Mezclilla: Kamel Nacif Borge.
Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, el viernes 16 de diciembre de 2005, por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla.
Durante el trayecto de Cancún a la capital poblana, los policías torturaron a la periodista y amenazaron, inclusive, con aventar su cuerpo al mar.
En febrero de 2006, La Jornada hizo públicas las conversaciones en las que se escuchaba a Marín Torres detallar a Nacif Borge bajo qué condiciones se había realizado la detención de Cacho.
“...Ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (Lydia Cacho). Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad”, le narró el ex mandatario poblano al empresario textilero, quien a cambio ofreció enviarle dos botellas de coñac a Casa Puebla.