Desde la cámara de diputados, se lanza el exhorto para impedir la instalación del proyecto que busca explotar por tres décadas ríos

 

Por Mario Galeana 

El diputado federal Miguel Alva y Alva solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) retirar la autorización ambiental que otorgó a una empresa minera para la instalación de una hidroeléctrica en la Sierra Negra, debido a que el permiso fue otorgado sin consultar a la población indígena que será afectada con el proyecto.

En un punto de acuerdo presentado ante la Cámara de Diputados, Alva y Alva arguyó que el complejo hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan ocasionará “la pérdida de la flora, la vida silvestre y gran afectación a la agricultura, ganadería y pesca de más de 17 comunidades indígenas” de la Sierra Negra, por lo que su diseño “debió haber sido informado de manera previa a los pueblos afectados”.

El diputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) expuso que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de que la Semarnat avalara el proyecto la Comisión de Derechos Indígenas (CDI) debió aplicar una consulta entre la población, a través de las autoridades tradicionales de las comunidades afectadas.

“Por ello, todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier medida que afecte sus derechos e intereses, y de no hacer caso omiso de las grandes afectaciones que trae consigo este megaproyecto hidroeléctrico a los pueblos indígenas, que lejos de beneficiarlos traerá el saqueo de su cultura, de lo cual los únicos beneficiarios serán los grandes empresarios involucrados”, acusa el secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de San Lázaro.

El complejo hidroeléctrico avalado por la Semarnat busca la explotación por 30 o más años de las aguas de los ríos Coyolapa, Huitzilatl y Atzalan, que atraviesan los municipios de Zoquitlán, Tlacotepec de Porfirio Díaz y Coyomeapan.

El proyecto es impulsado por la compañía Autlán, con el propósito de generar energía para abastecer una planta siderúrgica que posee en el municipio de Teziutlán, en la Sierra Nororiental del estado.

“La energía eléctrica que produzcan estos sistemas no dotarán de electricidad a las comunidades aledañas de la región; por lo contrario, el proyecto ejecutivo servirá para abastecer los hornos de la Compañía Minera Autlán en Teziutlán, proveedora de ferroaleaciones en la fabricación de acero y filial del Grupo Ferrominero México”, señaló Alva y Alva.

En días previos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, acusó que la empresa Autlán pretende simular ante la Secretaría de Energía (Sener) la aprobación de la comunidad para la instalación de la planta hidroeléctrica.

Lo anterior, mediante la realización de asambleas a las que acuden sólo trabajadores de los ayuntamientos de Tlacotepec de Porfirio Díaz y Zoquitlán, cuyos presidentes municipales han sido acusados por las comunidades que se oponen a la hidroeléctrica de mantener acuerdos con la empresa Autlán.

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