Bitácora
Por Pascal Beltrán del Río
En la primera entrevista que dio a la televisión estadunidense como presidente electo, Donald Trump adelantó que deportaría a tres millones de personas que se encuentran “ilegalmente” en su país.
“Lo que haremos es detener a las personas que son criminales y tienen antecedentes penales, miembros de pandillas, narcotraficantes, tenemos mucha gente así, probablemente dos millones, incluso podrían ser tres millones, y los vamos a sacar de nuestro país o los vamos a encarcelar”, dijo Trump a la periodista Lesley Stahl.
“Los sacaremos del país, (pues) están aquí ilegalmente”, agregó.
En años recientes, México ha experimentado un numeroso regreso de migrantes por la vía de la deportación. Ya he publicado aquí que el presidente Barack Obama ha sido el principal deportador en la historia de Estados Unidos, con 2.5 millones de personas. Esto es 23% más que su antecesor, George W. Bush, y más que el resto de los presidentes estadunidenses juntos.
De acuerdo con datos oficiales, entre 2001 y 2013, los gobiernos de Bush y Obama deportaron a tres millones 970 mil 345 personas. No todas de origen mexicano, pues en la lista hay individuos de diferentes nacionalidades.
En 2013, por ejemplo, los deportados fueron 368 mil 644, de los cuales 241 mil 493 eran mexicanos; 47 mil 769 eran guatemaltecos; 37 mil 49 eran hondureños, y 21 mil 602 eran salvadoreños.
Cada día de 2013, en promedio, 662 connacionales fueron depositados del otro lado de la frontera, algunos por tierra y otros por avión.
En 2012 comenzó un programa llamado Iniciativa de Repatriación al Interior (IRI) para devolver a México, vía aérea, a miles de migrantes. Esto, con el fin de acercarlos a sus poblaciones de origen y disminuir la presión sobre las ciudades fronterizas donde una buena parte de los deportados se quedan a vivir, ya sea con la intención de cruzar nuevamente hacia Estados Unidos o simplemente por falta de recursos para viajar más lejos.
De acuerdo con datos de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), en 2012 se deportó a 159 mil migrantes por las ciudades del este de la frontera (Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros); 135 mil por las del oeste (Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado) y 58 mil por las del centro (Nogales y Ciudad Juárez).
En su Reporte sobre dimensión, caracterización y áreas de atención a mexicanos deportados desde Estados Unidos (2014), el Colef encontró que los deportados de 2012 eran en su gran mayoría hombres (87%), con una edad promedio de 31 años.
Una tercera parte de esos deportados hablaba inglés, 80% tenía empleo en Estados Unidos y 18% consideraba a ese país como su lugar de residencia. Una quinta parte de ellos tenía cinco años o más viviendo ahí; 55% tenía hijos menores y 77% fue devuelto a México sin su familia.
El estudio agrega que por Tijuana se realizaron cerca de 60 mil deportaciones en 2012.
“En la ciudad existe una red de albergues de parte de las organizaciones de la sociedad civil que da hospedaje a aproximadamente mil personas por día; sin embargo, aquellos deportados que han excedido el tiempo de permanencia en los albergues o que no tuvieron la posibilidad de acceder a ellos, se han asentado durante años en la zona conocida como El Bordo, en la canalización del río Tijuana, misma que comprende dos kilómetros desde la valla fronteriza hacia el este de la ciudad”.
Las imágenes de los cerca de mil deportados que vivían en El Bordo, tomadas entre agosto y septiembre de 2013, muestran una situación terrible. Personas viviendo en casuchas de lámina, alcantarillas, bajo puentes y hasta en hoyos.
Casi la mitad llevaba menos de un año viviendo en esas condiciones, pero uno de cada seis ya había acumulado cinco años allí.
El gobierno federal tiene un modesto fondo de ayuda (300 millones de pesos al año, es decir, unos mil pesos por migrante) para que los estados atiendan a los retornados, pero ¿qué pasará si, ante el anuncio de Donald Trump, se acelera el número y el ritmo de las deportaciones?
Ahí sí que hace falta un plan de contingencia.