Los diputados locales aprobaron únicamente el monto autorizado por la Suprema Corte
Por Mario Galeana
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, encabezado por Rafael Núñez Ramírez, realizar un pago de 543.89 millones de pesos por un predio donde se levanta el tianguis municipal, pero el alcalde solicitó al Congreso de Puebla alrededor de 463.1 millones más que en el dictamen.
Sin justificación alguna, Núñez Ramírez pidió a los diputados locales la autorización para obtener un crédito de mil 7 millones de pesos y cumplir así la sentencia del máximo tribunal del país, que ordenó indemnizar a 23 ejidatarios que ganaron un litigo por la propiedad del predio de 18.5 hectáreas.
El Congreso rechazó la solicitud inicial y, en su lugar, dio su autorización para que la administración texmeluquense adquiera un crédito de sólo 543 millones 891 mil pesos, debido a que el requerimiento “carece de viabilidad financiera”.
“Las comisiones unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Presupuesto y Crédito Público nos vimos obligadas, porque el resolutivo de la Suprema Corte ordena autorizar este crédito (…) Al hacer una revisión profunda, encontramos que la solicitud era excesiva respecto del monto que la Corte estaba dictando”, explicó desde tribuna el diputado Pablo Rodríguez Regordosa.
Ahora, la administración de Texmelucan podrá poner bajo licitación de cualquier institución bancaria el crédito autorizado por el Congreso, aunque las comisiones unidas desconocen por cuántos años los próximos gobiernos municipales arrastrarán la deuda contraída.
“Cuando se plantee el concurso, las instituciones determinarán la tasa de interés y el crédito de plazo. En función de eso, es como se podría determinar a qué banco recurrir”, comentó Ignacio Mier Bañuelos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.
San Martín Texmelucan obtuvo para 2016 un presupuesto de 284.2 millones de pesos, es decir, casi cuatro veces menos de lo solicitado por Núñez Ramírez, y dos veces menos de lo determinado por la autoridad judicial para el crédito.
La Suprema Corte ordenó a la administración cubrir el monto, después de que los ejidatarios ganaran un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito de Puebla y, por seis administraciones, no hayan recibido respuesta ni pago.
Se cuela el tema de los matrimonios igualitarios
Durante su participación en tribuna, el diputado Pablo Rodríguez Regordosa dijo que aprobaron la solicitud de crédito para el Ayuntamiento sólo porque el Congreso local “está sujeto a las instituciones de ley del país”, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Enseguida, la perredista Socorro Quezada Tiempo subió a tribuna para reclamar que, aunque desde 2015 el mismo tribunal consideró “inconstitucional” el Código Civil de Puebla por restringir los matrimonios entre personas del mismo sexo, los legisladores locales no han acatado este resolutivo.