La cementera se instaló en Palmar de Bravo en 2007 y a la fecha no cumple la ley
Por Mario Galeana
La planta cementera de Cycna de Oriente, en Palmar de Bravo, ha funcionado por casi una década sin el aval de las autoridades municipales.
La empresa del consorcio Cruz Azul no ha tramitado ante las autoridades la licencia de funcionamiento municipal y no existe “registro alguno” de que, en administraciones anteriores, haya cumplido con este requisito, de acuerdo con documentos obtenidos a través de transparencia.
Un oficio signado por el secretario del Ayuntamiento de Palmar de Bravo, Gerardo Pérez Limón, indica que “Cycna de Oriente S.A. de C.V. y/o Cementos Cruz Azul no aparece inscrita y no se ha encontrado registro alguno de licencia de funcionamiento expedida por este municipio”.
Las autoridades municipales del periodo 2014-2018 añaden, en el documento expedido el 8 de noviembre pasado, que “no se encontró registro alguno sobre el dictamen de Protección Civil” con el que debería funcionar el emporio cementero.
Cycna de Oriente, la cuarta planta del grupo Cruz Azul, abrió sus puertas el 23 de marzo de 2007 en Palmar de Bravo y, desde entonces, ha acarreado críticas municipales. El 5 de septiembre de 2014, el síndico de Palmar de Bravo, José Agapito Maurilio Rosas Castillo, denunció a la empresa ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para investigar el posible daño ambiental que ocasionaría.
Ese mismo año, Pérez Limón acusó que la cementera se había negado a pagar impuestos municipales, bajo el pretexto de que realizaba una fusión de predios para regularizar la superficie en la que se encuentra.
Hoy, Cruz Azul se encuentra nuevamente en un escándalo, ahora relacionado con el despojo de terrenos circunvecinos a su planta cementera.
Con la complicidad de un par de comisariados ejidales, un representante de Cycna, de nombre Víctor Manuel García Hernández, simuló haber adquirido en junio de 2006 un ejido con una superficie de una hectárea, propiedad del ejidatario Eduardo Pedro Monterrosas Navarro.
Diez años más tarde, la empresa solicitó un juicio de prescripción positiva contra el ejidatario, por “el pleno goce de sus derechos agrarios”, por los que, asegura, pagó 200 mil pesos.
Como sustento legal, el representante del emporio dedicado a la fabricación de cemento presentó una cesión de derechos ejidales a su favor, que cuenta con una rúbrica apócrifa del campesino Monterrosas Navarro, lo que podría derivar en el posible delito de simulación de actos jurídicos, acusó su representante legal, Elías Zárate.